Este martes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) dio a conocer una remodelación integral del programa SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios), una base de datos a nivel federal que se emplea para comprobar la situación migratoria de los extranjeros que se encuentran en el país.
El propósito de la iniciativa es agilizar el proceso de deportaciones, combatir el fraude en ayudas estatales e impedir el voto de personas no ciudadanas, resaltó el medio Fox News, al referirse a datos conseguidos de manera exclusiva.
El departamento informó que la actualización abarca la eliminación por búsquedas en la base de datos, una interfaz más «amigable» para los funcionarios que la operan, la disminución de los procesos para realizar verificaciones masivas de los estados migratorios de las personas, así como la conexión con los registros antecedentes penales.
Un vocero del DHS manifestó que: «los inmigrantes ilegales han explotado sistemas obsoletos para defraudar al pueblo estadounidense y contaminar nuestras elecciones”. Pero, con este nuevo SAVE los funcionarios podrán verificar estatus de forma rápida y fraudes en «beneficios y votaciones», dijo el portavoz en medio de la oposición a estas acciones por parte de grupos proinmigrantes y defensores de los derechos humanos que se manifiestan contra la cacería de indocumentados.
Desde que se instauró en 1987 SAVE provee a los organismos gubernamentales y las fuerzas de seguridad documentar información biográfica y documentos entre ellos, el formulario I-94, el número del extranjero o el número de SEVIS para conocer el estatus del migrante. La meta inicial era comprobar si los extranjeros podían acceder a beneficios estatales o tener derechos limitados a los ciudadanos de EE. UU.
La notificación surge en un momento de crecientes fricciones entre la administración de Trump y los órganos judiciales en relación con la política de inmigración. Hace poco, la Corte Suprema detuvo de forma temporal la expulsión de migrantes procedentes de Venezuela basándose en la histórica Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, aunque no revocó completamente la resolución.
Con el objetivo de garantizar que el nuevo sistema SAVE se active pronto y satisfaga los criterios de compatibilidad, protección y eficiencia el DHS contará con el apoyo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. y del Departamento de Eficiencia en el Gobierno, de acuerdo con lo que dijo la fuente.
Agrupaciones defensoras de los derechos humanos han expresado inquietud acerca de las potenciales transgresiones al procedimiento legal y la gestión masiva de información privada sin control judicial.
A pesar de que el gobierno no ha especificado cómo salvaguardará la privacidad de los inmigrantes, activistas advierten que esta actualización podría generar arrestos injustos, deportaciones aceleradas sin posibilidad de apelación y un incremento en la vigilancia de poblaciones en riesgo.
