El mandatario estadounidense, Donald Trump, reanudó el lunes una controvertida medida que tiene como objetivo disminuir los precios de los fármacos, al asociar los costos de ciertos medicamentos en EE. UU. con los considerablemente más económicos en otros países.
Trump emitió una directiva ejecutiva que abarca diversas medidas para reiniciar dicha iniciativa, que se denomina política de nación más favorecida. No mencionó países concretos, pero indicó que se enfocaría en naciones desarrolladas, argumentando que existen ciertos países que requieren apoyo adicional, y eso es aceptable.
«Básicamente, lo que estamos haciendo es igualar. Vamos a pagar el precio más bajo que hay en el mundo. Vamos a conseguir a quien esté pagando el precio más bajo, ese es el precio que vamos a conseguir», dijo el presidente en una conferencia este lunes.
Aunque se conoce por funcionarios de la casa Blanca que afectará directamente al mercado comercial, el Medicaid y el Medicare, no se sabe a qué medicamentos en específico va dirigida la orden. Agregaron que este anuncio de hoy es más abarcador que uno similar que propuso en su mandato anterior que estaba dirigido a los fármacos de la Parte B de Medicare.
Señalaron además que el gobierno centrará su atención en los productos fármacos que tienen mayores diferencias y costos más altos entre los que se pueden incluir algunos llamados medicamentos GPL-1 como la diabetes y los que se utilizan para perder peso.
Aun no se conoce cuán eficiente será la medida para minimizar los gastos a los clientes, pero el presidente dijo este lunes en un post en sus redes sociales que un 95% o más de los costos caerán. Sin embargo, en la conferencia de prensa, Trump declaró que los costos de los fármacos podrían disminuir todavía más, entre un 59% y un 80%, e incluso creo que podría llegar a un 90%.
Varios expertos y analistas de Wall Street también se han planteado dudas sobre la viabilidad de implementar dicha política.
Analistas de JPMorgan en un comunicado del día de hoy dijeron que esta política sería un tanto difícil de poner en práctica ya que el Congreso de EE.UU tendría que aprobarla y en su intento podría enfrentar algunos desafíos legales.
Este se considera la última propuesta de Trump por controlar los precios de los medicamentos recetados en el país, que son el doble y el triple de caros si se compara con otros países desarrollados, incluso pueden llegar a ser diez veces más caros que otras naciones, según el grupo de expertos políticas públicas Rand Corp.
En un mensaje emitido el lunes, la principal organización de defensa de la industria farmacéutica, PhRMA, aplaudió a Trump por señalar a países que no contribuyen equitativamente.
Sin embargo, Stephen Ubl, el director ejecutivo de PhRMA, afirmó que la importación de precios de países con sistemas socialistas sería perjudicial para los pacientes y empleados en EE. UU. ya que afectaría la capacidad del sector para ofrecer nuevos tratamientos. Varios especialistas han señalado que la medida podría encontrar oposiciones legales por parte de la industria farmacéutica.
A pesar de la directiva, las acciones de las empresas farmacéuticas de EE. UU. incrementaron el lunes. Merck vio un aumento superior al 4%, mientras que Pfizer y Amgen registraron un crecimiento superior al 2%.
AARP, la organización que defiende los intereses de los adultos mayores en Estados Unidos expresó su gratitud a Trump por firmar la orden en un comunicado divulgado el lunes. «Durante demasiado tiempo, las grandes compañías farmacéuticas han estado estafando a los adultos mayores de Estados Unidos, cobrando los precios más altos del mundo por recetas que salvan vidas, aumentando sus ganancias a expensas de las vidas de los estadounidenses y obligando a los adultos mayores a saltarse los medicamentos que no pueden pagar», dijo en un anuncio Nancy LeaMond, directora de defensa y participación de AARP.
Un aspecto de la directiva se dirige a los países extranjeros, que poseen mayor influencia para reducir los costos de los fármacos en las negociaciones con las empresas farmacéuticas.
«A partir de hoy, Estados Unidos ya no subsidiará la atención médica de países extranjeros, que es lo que estábamos haciendo. Estados Unidos ya no tolerará la especulación y el aumento abusivo de precios de las grandes farmacéuticas», manifestó el presidente número 47 de EE.UU.
Añadió que, en realidad, fueron los gobiernos quienes presionaron a las grandes compañías farmacéuticas para que realizara acciones que, a su juicio duda que se sintieran completamente a gusto llevando a cabo.
La directiva indica al Departamento de Comercio y a la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. a implementar medidas que contrarresten las políticas irracionables y discriminatorias en naciones extranjeras que reducen los costos de estos productos en el exterior, según los funcionarios.
Un funcionario dijo que «trabajarían» en garantizar que los demás países actúen de manera justa en sus convenios con las compañías farmacéuticas. Añade también que los productores de estos medicamentos se lamentan que cuando negocian con los clientes los ponen en una «situación insostenible» ya que por lo general esas compañías tienen que hacer descuentos en los medicamentos con los países.
A diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos, muchos países en el extranjero brindan acceso a atención médica universal mediante un sistema en el que el Estado actúa como el único financista. Esto les otorga una notable ventaja al momento de negociar o fijar los precios de los fármacos.
Representantes de la Casa Blanca mencionaron que confían en que las empresas farmacéuticas proporcionen reducciones de precios en diversos sectores para responder a las medidas que la administración Trump está implementando para tratar con los costos internacionales.
Por otro lado, la iniciativa de Trump instruye igualmente al Departamento de Salud y Servicios Humanos habilite una vía para que los ciudadanos de estados Unidos puedan comprar sus medicamentos directamente a las fábricas productoras sin que existan intermediarios con el fin de contar con mejores precios.
«Vamos a eliminar a los intermediarios y facilitar la venta directa de medicamentos al precio más favorito de la nación, directamente al ciudadano estadounidense», dijo el líder de la Casa Blanca.
Según los funcionarios, dentro de un mes, el secretario deberá fijar metas específicas para las disminuciones de precios en todos los mercados de EE. UU. Esto dará inicio a una serie de negociaciones entre el HHS y las compañías farmacéuticas. Sin embargo, los funcionarios no ofrecieron información precisa sobre el contenido de esas discusiones.
En caso de no que no se logren los objetivos planteados, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), establecerá el precio para los fármacos mediante la creación de regulaciones.
La directriz además instruye a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) a evaluar la posibilidad de aumentar las importaciones provenientes de otras naciones avanzadas, superando así las restricciones actuales a Canadá. El pasado mes de abril Trump firmó una orden que instruye a la FDA optimizar el procedimiento para que los estados puedan importar medicamentos desde Canadá, por ejemplo, que contribuyan a minimizar los precios.
El Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio (FTC) también tendrá una participación activa en este aspecto ya que deberán aplicar acciones anticompetitivas que contribuyen a que los precios permanezcan altos. La Secretaría de Comercio evaluará igualmente limitaciones a las exportaciones que sostengan y faciliten esos precios bajos en el mercado internacional.
En tanto los productores sostienen que la política de trato favorecido perjudicaría sus ganancias y por ende su capacidad para innovar tratamientos.
Los funcionarios del gobierno dijeron que después de los recortes las compañías seguirán obteniendo ganancias si comprenden que EE.UU «por sí solo no va a pagar por la innovación» y si incrementan los costos en otras naciones para generar ingresos complementarios.
Un funcionario indicó que las compañías farmacéuticas deberían establecer pactos que les permitan recibir compensaciones económicas acordes al beneficio que ofrecen a distintos países y a sus sistemas sanitarios. «Otros países también deberían pagar a la investigación y el desarrollo. Es para su beneficio», comentó el Trump en la conferencia de prensa.
Durante el primer mandato de Trump, el sector también hizo lobby en contra de propuestas análogas. En los últimos meses de ese mandato, intentó avanzar estas políticas, pero un juez federal interrumpió el proceso tras una demanda de las compañías farmacéuticas. Posteriormente, la administración Biden anuló dicha política.
Al principio, los representantes de la Casa Blanca instaron a los congresistas republicanos a incorporar en el crucial proyecto de ley de reconciliación una cláusula sobre la nación más favorecida, que se prevé será aprobado en los meses venideros; sin embargo, dicho enfoque tenía como objetivo concreto enfrentar los gastos de los medicamentos de Medicaid, según informó Politico a principios de este mes. Varios integrantes del Partido Republicano manifestaron su desacuerdo con esa propuesta.
La principal asociación comercial del sector, PhRMA, calculó que la iniciativa de Medicaid presentada por Trump podría representar para las compañías farmacéuticas un gasto de hasta 1 billón de dólares en un plazo de diez años.
Conocedores en materias de políticas de salud coincidieron en que una estrategia sobre las drogas en la nación más favorecida podría no ser útil para minimizar los gastos en medicamentos. Por ejemplo, los especialistas de la USC afirmaron que esta política no tiene la capacidad de revertir la estructura fundamental del mercado global farmacéutico, el cual genera el 70% de sus ganancias a nivel mundial desde Estados Unidos.
«Enfrentando una elección entre profundos recortes en sus precios en Estados Unidos o la pérdida de mercados extranjeros débilmente rentables, podemos esperar que muchas empresas se retiren de los mercados extranjeros lo antes posible», comentaron los expertos el pasado abril.
Esto resultará en que los estadounidenses desembolsen la misma suma por los fármacos, los laboratorios farmacéuticos obtendrán menores beneficios y las próximas generaciones de pacientes contarán con menos avances, manifestaron.
Aunque la industria de fármacos impugne la orden de Trump en los tribunales, la administración cuenta con un recurso adicional para que los precios caigan; establecer negociaciones para los medicamentos de Medicare. Estamos hablando de la Ley de Reducción de la Inflación que permite negociar precios de medicamentos recetados con los laboratorios productores por primera vez en la historia.
El mes anterior, Trump sugirió una modificación a una política que ha sido anhelada por los productores de fármacos durante años. Legisladores de diversas agrupaciones políticas podrían estar abiertos a esta propuesta, que plantea alterar las normativas que separan los medicamentos de moléculas pequeñas de los biológicos.
La semana pasada, Trump anunció su intención de revelar tarifas sobre los fármacos traídos al país en un plazo de dos semanas. Estas tarifas proyectadas buscan fomentar la producción nacional de medicamentos.
Productores farmacéuticos, como Eli Lilly y Pfizer, están rechazando la posibilidad de asumir esos compromisos. Algunas de estas compañías han planteado dudas sobre la necesidad de los aranceles, considerando que muchas ya han revelado planes de nuevas inversiones en fabricación e investigación y desarrollo en Estados Unidos desde la llegada de Trump al poder.
Sin embargo, la semana anterior, Trump intensificó sus iniciativas para trasladar la producción de fármacos. Firmó un decreto que facilita el proceso para que las empresas farmacéuticas establezcan nuevas instalaciones de fabricación.