La administración del presidente Donald Trump ha dado un importante paso en su política migratoria después que se materializara el primer vuelo de migrantes que decidieron autodeportarse a sus países de origen a través del controvertido programa CBP Home. La secretaria de Seguridad Nacional en una publicación a través de su cuenta en X informó que el vuelo de 64 migrantes está compuesto por 26 nacionales de Colombia y 38 de Honduras.
Añade la funcionaria del gobierno que el vuelo despegó en el día de ayer lunes desde Houston, Texas. Este primer vuelo marca el comienzo de un nuevo enfoque que la Casa Blanca ha implementado para agilizar el proceso de expulsión de inmigrantes sin documentos ubicados en los Estados Unidos, proporcionando recompensas monetarias y asegurando que puedan optar por una posible regularización en el futuro.
«El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó hoy su primer vuelo chárter con 64 personas que decidieron voluntariamente autodeportarse a sus países de origen», escribió Noem en su publicación en la que aparecen fotos de los inmigrantes y sus hijos en sus respectivos países. Independientemente que la iniciativa se muestra como una opción de retorno voluntario el mensaje de Kristi reflejan un matiz de coacción.
En el mismo anuncio, se alertó que quienes no participen en este programa enfrentarán graves repercusiones: “sanciones económicas, detención, expulsión y la prohibición de retorno”. “Depórtese usted mismo ahora y preserve su oportunidad de regresar potencialmente de la manera legal y correcta”, finalizó Noema en un mensaje directo para aquellos que aún se encuentran en la nación sin los documentos necesarios.
Los inmigrantes indocumentados además de contar con el apoyo logístico del DHS, sino que tal y como se prometió recibieron estímulos financieros, de acuerdo con las autoridades cada uno recibió la suma de mil dólares junto con la asistencia que recibieron durante el viaje.
Cada uno de ellos mantuvo abierta la opción de volver a Estados Unidos de manera legal en el futuro, sin que se detallaran los procedimientos legales específicos para lograrlo ni si esto les ayudara a eludir las penalizaciones jurídicas impuestas. Las autoridades de Honduras y Colombia también formaron parte del proceso de deportación.
El gobierno de Tegucigalpa recibió a sus 38 ciudadanos mediante el programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa” que otorga a los ciudadanos una compensación de 100 dólares para mayores de 18 años de edad, así como bonos de alimentos y posibilidad de encontrar un empleo.
Por otro lado, el gobierno colombiano recibió a sus nacionales a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) que proporcionaron asistencia social y servicios de apoyo a cada uno.
En varias oportunidades el presidente Trump ha recalcado que estas deportaciones son solo el comienzo de una ofensiva estratégica más integradora que permitirá devolver a los inmigrantes irregulares a sus países. El comunicado tiene dos partes: Aquellos que colaboren obtendrán apoyo y la posibilidad de un retorno regular; quienes no lo hagan, se verán obligados a lidiar con las consecuencias del sistema migratorio.
Esta estrategia intenta reconfigurar la política migratoria basándose en la idea de la autodeportación. Aunque este método ha sido empleado anteriormente de diversas maneras, actualmente se manifiesta como un elemento central en la administración de Trump.
El primer vuelo de este programa ocurre en un contexto donde la Corte Suprema de EE.UU dio luz verde para que el gobierno de Trump revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos que pone en jaque a alrededor de 350.000 migrantes en peligro de ser deportados.
EL gobierno estadounidense alegó que mantener el TPS va en sentido contrario de los intereses nacionales y que estas decisiones no deben ser competencia del sistema judicial. La ausencia de una solución clara ha dejado a miles de inmigrantes en una condición de incertidumbre.
En la actualidad, personas de 16 naciones están recibiendo beneficios del Estatus de Protección Temporal, con aproximadamente 200,000 originarios de El Salvador entre ellos. La inseguridad provocada por recientes fallos judiciales y cambios en las políticas constituye un riesgo inminente para su estabilidad en el país.
Paralelamente esta instancia judicial revisa una apelación contra el programa del parole humanitario que beneficia a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba que permitieron la entrada a EE.UU de más de medio millón de inmigrantes por motivos humanitarios.
El proceso de revocación del TPS y el primer vuelo de auto deportados destacan el endurecimiento de las políticas que han definido el gobierno de Trump. Con recompensas por un lado y presiones por el otro, la administración de Estados Unidos está modificando la línea que separa lo voluntario de lo forzado.
A pesar de que dicha iniciativa proporciona ayudas temporales a quienes optan por salir, la ambigüedad legal y el lenguaje castigador generan incertidumbre respecto a su auténtica intención humanitaria. Para miles de inmigrantes, la posibilidad de un futuro en Estados Unidos es cada vez más incierta.