Un total de 45 ciudadanos venezolanos que trabajaban en la famosa compañía de parques temáticos Walt Disney World quedaron sin empleos, pero con ciertos beneficios temporales por estar protegidos con el Estatus de Protección Temporal (TPS) que le otorga el gobierno de EE.UU. A estos nacionales y que por estos días está en la mira de las autoridades migratorias tras nuevo fallo de la Corte Suprema.
Hace uno días el ente judicial dio luz verde al gobierno del presidente Donald Trump para que revocara los beneficios migratorios que reciben los venezolanos desde la administración del expresidente Biden. La medida afectó a empleados del servicio de entrega en el recinto de Orlando quienes este lunes recibieron una notificación en la que se les avisaba que tendrían un plazo de 30 días para solicitar un nuevo permiso de trabajo o de lo contrario se les cancelaría su contrato laboral.
«Mientras resolvemos las complejidades de esta situación, hemos suspendido temporalmente a los empleados afectados con beneficios para garantizar que no infrinjan la ley», explicó un vocero de Walt Disney en un anuncio.
«Nos comprometemos a proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos nuestros empleados que puedan estar lidiando con las cambiantes políticas migratorias y cómo estas podrían afectarlos a ellos o a sus familias», añadió el portavoz del popular centro de diversiones del Estado del Sol y uno de los más conocidos del mundo.
El fallo de la Corte Suprema autoriza al gobierno a retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos que residen en Estados Unidos poniéndolos en una situación riesgosa frente a las deportaciones que lleva a cabo el gobierno. Esta decisión anula una medida implementada en octubre de 2023 y ampliada después en enero de 2024 para ofrecer beneficios hasta el 2026.
No obstante, con la reciente política de inmigración promovida por el gobierno de Trump, esta ampliación ha sido revertida, bajo el argumento que no puede ser objeto de revisión por parte de los tribunales.
Aunque esta decisión no conlleva a deportaciones automáticas si deja ciertas inquietudes desde el punto de vista laboral y jurídico a las familias venezolanas que durante años se han establecido en Estados Unidos y ahora pudieran estar en riesgo de volver a sus países de origen. Esta acción ha recibido críticas de algunos grupos que señalan las consecuencias humanitarias y económicas de despedir a empleados que ya forman parte del sistema productivo nacional.
En medio de un contexto donde activistas por los derechos humanos y defensores de los derechos de los inmigrantes alzan sus voces contra las políticas migratorias de Trump, este caso no es más que uno de los tantos que está poniendo en vigor el gobierno para cercar más a los inmigrantes en Estados Unidos.
