El mandatario de Florida, Ron DeSantis, ha proclamado en tiempos recientes la ley CS/CS/SB 768, conocida como Países Extranjeros de Preocupación, que tiene como objetivo restringir la participación de naciones consideradas adversarias, como Cuba, en el campo científico y tecnológico del estado.
La normativa que impulsan políticos del partido republicano y que quedó ratificada por los mismos determina que los laboratorios de salud del estado no pueden emplear software operativo ni de investigación para llevar a cabo secuenciación genética, si estos se crearon en países hostiles como es el caso del régimen cubano, empresas estatales o entidades que radican en ellos.
Según el informe disponible en la web del Senado de Florida, el grupo de naciones consideradas preocupantes abarca a China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba quienes se consideran regímenes autoritarios por el gobierno de los Estados Unidos.
A pesar de que se alivian ciertas penalizaciones respecto a la responsabilidad civil o penal por faltas involuntarias, sigue siendo obligatorio prohibir cualquier relación con organizaciones extranjeras que figuran en la lista de vigilancia si se tiene información directa sobre su implicación.
Asimismo, la normativa extiende la definición de interés indirecto y determina que las personas con una participación inferior al 5% en una compañía autorizada, por lo general, no serán vistas como responsables, salvo que se produzca una infracción intencionada de los criterios mínimos fijados por la autoridad.
En la realidad, esta regulación podría dejar fuera del sistema de salud pública de Florida cualquier innovación genética que tenga origen en Cuba, abarcando incluso campos esenciales como la investigación en biomedicina o la creación de terapias. Adicionalmente, limita la capacidad de operación de las compañías que, aunque sea de manera leve, estén conectadas con el ámbito científico o tecnológico cubano.
Esta normativa se inserta dentro de una política más amplia de restricciones a entidades vinculadas con países bajo sanciones o vigilancia de Estados Unidos lo que incluye a Cuba. La normativa recibió respaldo unánime en las dos cámaras legislativas: 37 votos a favor en el Senado y 114 en la Cámara de Representantes de Florida, lo que evidencia un fuerte acuerdo político respecto a la implementación de restricciones hacia naciones catalogadas como una amenaza estratégica. De acuerdo con el documento oficial, esta disposición comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2025.
La ley no solo restringe el uso de tecnología genética proveniente de estos países, sino que también limita la participación de empresas con vínculos científicos o tecnológicos con estas naciones en proyectos o inversiones dentro del estado. Esto podría tener un impacto directo en la colaboración científica entre Estados Unidos y Cuba, así como en el desarrollo tecnológico en áreas de salud pública.
El uso de software de secuenciación genética es fundamental para la investigación y el diagnóstico en salud pública, permitiendo identificar variantes genéticas, rastrear enfermedades y desarrollar estrategias de intervención. Al prohibir el uso de ciertas tecnologías provenientes de estos países, Florida busca proteger su infraestructura científica, pero también corre el riesgo de limitar el acceso a herramientas avanzadas o colaboraciones que podrían beneficiar a la población.
Históricamente, la relación científica entre Cuba y Estados Unidos ha sido compleja, marcada por restricciones políticas y económicas. La nueva ley refuerza estas limitaciones, dificultando aún más la cooperación en áreas de investigación médica y tecnológica. Investigadores y científicos que trabajen en proyectos conjuntos o que utilicen software o equipamiento relacionado con Cuba podrían verse impedidos de continuar su trabajo en Florida.
Además, la restricción a inversiones en instalaciones de salud con vínculos científicos o tecnológicos con Cuba puede afectar el desarrollo de infraestructura sanitaria y de investigación en el estado, limitando la entrada de capital y tecnología que podría ser beneficiosa.
La ley CSCSB 768 no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia de Florida para controlar y restringir la influencia de países considerados una amenaza para la seguridad nacional. Al enfocarse en la tecnología genética y la salud pública, la legislación busca cerrar posibles brechas de seguridad que podrían ser explotadas a través de la ciencia y la tecnología.
Con esta ley DeSantis confirma su postura firme hacia gobiernos autoritarios y aumenta la vigilancia sobre las inversiones y vínculos comerciales en uno de los estados con mayor presencia de cubano en Estados Unidos.
