Estados Unidos se prepara para aplicar una de las medidas más duras en materia migratoria de los últimos tiempos. El gobierno ha anunciado una serie de cambios legales que permitirán imponer multas económicas inmediatas a las personas que permanezcan en el país de manera irregular, sin necesidad de un periodo previo de advertencia, como ocurría hasta ahora.
La nueva normativa elimina el plazo de 30 días que antes se daba para que un inmigrante pudiera resolver su situación o prepararse ante posibles sanciones. A partir de ahora, las multas podrán aplicarse en cuanto las autoridades detecten que alguien está en el país sin permiso legal.
¿Cuánto podrían costar estas multas?
Las cantidades no son menores. Según lo que se ha informado, las multas por ingreso ilegal podrían estar entre 100 y 500 dólares. Sin embargo, en los casos más graves —como el de personas que permanezcan en el país pese a tener una orden final de deportación— las sanciones podrían alcanzar hasta 1.000 dólares diarios.
Esto significa que, en apenas un mes, un inmigrante en esta situación podría acumular una deuda de 30.000 dólares, y en un año, más de 360.000 dólares. Además, el gobierno ha explicado que estas multas podrían aplicarse de forma retroactiva hasta cinco años atrás. Para algunas personas, esto implicaría deudas potenciales superiores al millón de dólares.
Posibilidad de perder bienes
No solo se trata de multas. Otra de las medidas contempla el decomiso de bienes a quienes no puedan o no quieran pagar las cantidades adeudadas. Esto podría incluir vehículos, propiedades, cuentas bancarias u otros activos que el gobierno considere como medios para recuperar el dinero de las sanciones.
Una vía para evitar las multas: autodeportación
Para quienes deseen evitar estas sanciones, el gobierno está promoviendo el uso de una aplicación móvil llamada CBP Home. A través de esta app, las personas podrían gestionar su autodeportación, es decir, su salida voluntaria del país. Si el inmigrante decide acogerse a este mecanismo, las multas podrían ser canceladas, según han explicado las autoridades.
Hasta el pasado 13 de junio, se habían emitido alrededor de 10.000 notificaciones de multas, y se ha ejercido presión desde altos niveles del gobierno para que agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) agilicen tanto el proceso de cobro de las multas como la incautación de bienes.
Argumentos a favor y en contra
La administración sostiene que estas medidas buscan reforzar la ley y el orden, enviando un mensaje claro de que permanecer en el país sin permiso legal tendrá consecuencias serias. Según sus voceros, la ley migratoria exige que existan sanciones para desalentar la permanencia ilegal.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han calificado estas medidas de excesivas y advierten que podrían convertirse en una herramienta de intimidación. Aseguran que muchas personas podrían verse atrapadas en deudas impagables o perder su patrimonio, lo que afectaría no solo a los migrantes, sino también a las comunidades en las que viven, trabajan y contribuyen económicamente.
Además, los críticos señalan que imponer multas tan altas no resolverá las causas profundas de la migración, como la pobreza, la violencia o la inestabilidad política en los países de origen. Temen que estas políticas solo generen más miedo y clandestinidad entre los inmigrantes, dificultando que estas personas busquen ayuda legal o cooperen con las autoridades en otras investigaciones.
Una política en línea con propuestas anteriores
Estas nuevas disposiciones reflejan una postura más dura y punitiva hacia la inmigración irregular, en la misma línea de las políticas impulsadas por la administración Trump en el pasado, y que ahora retoman fuerza bajo figuras clave en el Departamento de Seguridad Nacional.
El debate sigue abierto. Para algunos, se trata de una medida necesaria para proteger la soberanía y las leyes migratorias de Estados Unidos. Para otros, es una política que amenaza los derechos humanos y el bienestar de miles de personas que, muchas veces, llegaron al país en busca de seguridad o de un futuro mejor.
Wendy Ortiz, madre salvadoreña que trabaja en una planta de carne en Pensilvania (ganando $13/hora), fue multada con $1,8 millones por permanecer en EE. UU. tras una orden de deportación emitida en 2018. El total representa una sanción diaria de hasta $998 retroactiva por cinco años, aunque los montos varían según la ley base. Ortiz afirma no haber recibido notificación de su audiencia y se queja de que es «injusto» imponer una multa tan elevada a alguien con ingresos modestos.
María otra inmigrante hondureña con orden de deportación desde 2005 recibió una multa de $1,82 millones, equivalente a $500 diarios desde entonces. María solicitó la reapertura de su caso, argumentando que no fue debidamente notificada ni tuvo orientación clara para abandonar el país.
