
El congresista republicano Mario Díaz-Balart, figura clave del ala cubanoamericana en el Congreso de Estados Unidos, arremetió esta semana contra la Administración Biden, a la que acusó de haber ofrecido una “promesa falsa” a miles de migrantes cubanos que ahora enfrentan procesos de deportación, detención o incertidumbre legal en territorio estadounidense.
Según Díaz-Balart, muchos cubanos confiaron en las vías migratorias impulsadas por la Casa Blanca, como el programa de parole humanitario, que otorgó permisos temporales de ingreso bajo criterios de patrocinio, pero que ahora enfrenta restricciones, demoras, suspensiones y revocaciones por parte de las autoridades migratorias y judiciales.
“Hoy esas personas son arrestadas o deportadas, pese a haber creído en una promesa falsa”, afirmó Díaz-Balart en una entrevista con el periodista Mario J. Pentón. “Lo que prometieron fue una legalización artificial que no tiene sustento en la ley”, agregó.
Más deportaciones, más arrestos
En las últimas semanas, se ha registrado un incremento de deportaciones de ciudadanos cubanos que quedaron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluso tras haber solicitado asilo o al haber ingresado con permisos humanitarios. Varios de ellos retornaron a la isla, en vuelos organizados bajo el acuerdo de repatriación bilateral entre La Habana y Washington, restablecido en 2023.
Organizaciones defensoras de migrantes han denunciado que muchos de los afectados no cuentan con representación legal adecuada, o que sus procesos han sido acelerados sin el debido proceso, lo que ha generado protestas y manifestaciones en el sur de Florida.
Críticas a Biden y defensa de Trump
Díaz-Balart aprovechó la ocasión para contrastar las políticas migratorias actuales con las de la administración anterior. “Donald Trump fue el mejor aliado que hemos tenido para lograr la libertad del pueblo cubano”, aseguró. Según el congresista, el expresidente republicano fue más eficaz en sancionar al régimen cubano y cortar los flujos migratorios irregulares desde la isla.
En línea con esa visión, Díaz-Balart presentó una propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026 que incluye 35 millones de dólares para iniciativas prodemocracia en Cuba y otros 40 millones para reforzar las operaciones de Radio y TV Martí, como parte de una ofensiva mediática e institucional contra el régimen de La Habana.
“Esta es la legislación más fuerte en décadas contra el castrismo. Incluye sanciones a quienes se lucren del trabajo forzado de los médicos cubanos, niega visas a represores y exige a nuestros aliados europeos que presionen al régimen”, añadió el político cubanoamericano.
El proyecto incluye también sanciones a quienes se beneficien del trabajo forzado de médicos cubanos en misiones extranjeras, restricciones migratorias a represores y llamados a los aliados europeos para presionar al gobierno cubano en foros internacionales.
Fracturas en la bancada cubanoamericana
Las declaraciones de Díaz-Balart se dan en un contexto de tensiones crecientes dentro de la bancada cubanoamericana del Congreso, donde otros legisladores como María Elvira Salazar y Carlos Giménez son objeto de protestas por su supuesta pasividad ante las deportaciones recientes y los acuerdos entre ICE y agencias policiales locales.
Grupos comunitarios, activistas y abogados de derechos civiles organizaron la semana pasada protestas frente a las oficinas distritales de ambos congresistas en Miami-Dade, exigiendo que se opongan a las detenciones masivas de migrantes y se pronuncien claramente contra la cooperación con ICE en los condados de Florida. Igualmente criticaron las pocas acciones de estos congresistas para evitar que Chevron reanude sus operaciones petroleras en Venezuela.
“Estamos observando cómo familias completas se dividen, cómo personas con causas de miedo creíble terminan en aviones rumbo a Cuba sin agotar sus apelaciones”, expresó Lidia Domínguez, vocera del grupo Cubanos por la Justicia Migratoria.
Una comunidad entre el miedo y la frustración
El temor se ha extendido entre cientos de cubanos que llegaron a Estados Unidos en los últimos dos años bajo el parole o por la frontera, muchos de los cuales carecen de un estatus legal sólido y enfrentan obstáculos para regularizar su situación. Algunos denunciaron que están recibiendo notificaciones de comparecencia aceleradas, mientras que otros quedaron detenidos al salir de cortes migratorias o por agentes de tránsito que cooperan con ICE.
A pesar del endurecimiento de la política migratoria, Díaz-Balart insiste en que el Congreso debe continuar apoyando medidas que presionen al régimen cubano, lo que a su juicio también beneficiará a los migrantes a largo plazo. “Lo que no se puede hacer es engañar a la gente con promesas que no tienen base legal. Esa es la tragedia que estamos viendo ahora”, sentenció el legislador.
Las palabras de Díaz-Balart reflejan el viraje de sectores republicanos hacia políticas migratorias más restrictivas, con una visión de que la presión internacional al régimen cubano es inseparable del control migratorio interno. Mientras tanto, miles de cubanos en EE.UU. enfrentan una realidad incierta, atrapados entre los vaivenes políticos de Washington y el temor constante a la deportación.