El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, lanzó severas críticas contra la inmigración irregular luego del arresto de cuatro ciudadanos cubanos indocumentados, acusados de integrar una red criminal dedicada al robo de módulos electrónicos de camiones (ECM, por sus siglas en inglés), con pérdidas que superan los 750 mil dólares en daños y equipos sustraídos.
Los detenidos —Geosvany Figueredo-González, Orlando Martínez-Dorta, Brian Sánchez-Pérez y Liovel Urra-Peñate— enfrentan 139 cargos criminales por delitos como robo organizado, posesión de dispositivos de alteración electrónica y tráfico de bienes robados. Según el fiscal, las penas combinadas podrían superar los 800 años de prisión, sin contar el proceso migratorio que podría conducir a su deportación inmediata una vez cumplidas las condenas.
Durante una conferencia de prensa, Uthmeier afirmó con contundencia: “La justicia en Florida no hace excepciones con los inmigrantes ilegales”. El funcionario subrayó que el estado no tolerará actos delictivos cometidos por personas que, según él, “no deberían haber estado nunca en el país”.
El trasfondo político: Uthmeier y su ofensiva contra la inmigración
El fiscal aprovechó el caso para renovar sus críticas contra la administración Biden, responsabilizándola de lo que considera una política migratoria laxa. Uthmeier aseguró que al menos tres de los implicados llegaron a EE.UU. durante el actual mandato presidencial, y denunció que algunos tenían antecedentes criminales en Cuba o Estados Unidos, sin que las autoridades federales actuaran para impedir su permanencia.
“Nuestros fiscales se asegurarán de que lo único que se les ocurra a estos extranjeros delincuentes sea una severa pena de prisión y el regreso a su país de origen”, destacó el fiscal.
Este caso se enmarca en un contexto político cada vez más cargado en Florida, donde el gobierno estatal ha adoptado una agenda migratoria restrictiva, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis. Uthmeier ha sido una figura clave en esta línea, promoviendo medidas como el uso del controvertido centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, una instalación financiada por el estado y que ha generado polémica por presuntas violaciones de derechos humanos y su impacto ambiental.
“Alligator Alcatraz representa nuestro compromiso con la ley y el orden. Quien venga a delinquir será encerrado”, declaró el fiscal.
El operativo: red criminal con alcance regional
Las autoridades detallaron que la red desmantelada se especializaba en el robo de módulos electrónicos de camiones de carga, dispositivos que controlan funciones esenciales del vehículo y que pueden alcanzar valores de hasta 10 mil dólares en el mercado negro. Las operaciones del grupo abarcaban varios condados del centro y sur del estado, con indicios de coordinación interestatal.
“Esto ejemplifica los peligros de una política de fronteras abiertas. Tres de los acusados cruzaron durante la administración Biden. Tienen antecedentes penales y no deberían haber estado aquí, dijo Uthmeier en claro mensaje contra las políticas migratorias de la administración de Biden.
El sheriff del condado de Hillsborough, Chad Chronister, calificó la investigación como “compleja y en curso” y advirtió que podría haber más personas involucradas. «Los sospechosos atacaron camiones estacionados, abrieron los compartimentos del motor y cortaron el cableado para quitar los ECM, dejando los camiones completamente inoperables», enfatizó.
Preocupación entre la comunidad migrante
El arresto y las declaraciones del fiscal han generado inquietud en organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y dentro de la comunidad cubana en Florida, que teme una nueva ola de criminalización colectiva. Varios líderes comunitarios alertan que casos individuales de criminalidad están siendo utilizados para justificar políticas de deportación masiva y vigilancia racializada.
“El problema no es la inmigración, sino la falta de oportunidades y el abandono de los recién llegados. Este discurso punitivo solo empeora las cosas”, opinó una abogada de inmigración en Miami que prefirió no ser identificada.
En lo que va de 2025, Florida ha intensificado sus acciones contra la inmigración irregular, especialmente en colaboración con agencias federales como ICE y CBP, lo que ha resultado en un aumento notable de detenciones y deportaciones, muchas de ellas sin previo aviso ni derecho a fianza. En paralelo, ha crecido el número de cubanos que denuncian detenciones arbitrarias, incluso teniendo procesos abiertos o solicitudes de asilo en curso.
¿Un caso aislado o parte de una narrativa electoral?
Analistas consideran que este tipo de casos está siendo instrumentalizado políticamente por figuras republicanas que buscan fortalecer su imagen ante el electorado conservador, especialmente de cara a las elecciones de medio término y las presidenciales de 2026. Uthmeier, cercano al entorno de DeSantis, es señalado como posible aspirante a cargos más altos y ha elevado su perfil con posturas inflexibles en temas de seguridad y migración.
Mientras tanto, los cuatro acusados permanecerán detenidos sin fianza en espera de juicio. Las autoridades continúan con las investigaciones y no descartan nuevos arrestos en las próximas semanas.
