
En un giro judicial de gran impacto, una jueza federal en la capital del país bloqueó temporalmente las medidas impulsadas por la administración de Donald Trump que buscaban deportar de forma acelerada a inmigrantes que ingresaron legalmente bajo parole humanitario, incluyendo a quienes utilizaron la aplicación CBP One para su entrada.
La decisión fue emitida por la jueza Jia Cobb del tribunal federal en Washington, quien calificó las nuevas políticas de deportación como una “alteración sustancial e injusta del debido proceso”. El fallo impide al gobierno cerrar casos pendientes en cortes de inmigración o ejecutar deportaciones exprés sin audiencia para quienes fueron admitidos bajo programas legales.
¿A quiénes protege la decisión?
La orden judicial beneficia a cientos de miles de personas —posiblemente más de un millón— que llegaron legalmente a Estados Unidos entre 2023 y 2024 por medio de:
- El programa de parole humanitario CHNV (para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos),
- La app CBP One, diseñada para programar citas en la frontera,
- Y otras formas de ingreso autorizadas por razones humanitarias.
Muchos de ellos estaban enfrentando procesos de deportación inmediata mediante el mecanismo conocido como “expedited removal”, sin tener la oportunidad de defenderse ante un juez.
Las medidas bloqueadas
La jueza Cobb suspendió tres iniciativas clave de la administración Trump:
- Un memorando del 23 de enero que ampliaba las deportaciones exprés para personas con parole.
- Una regla del ICE del 18 de febrero que permitía expulsar sin juicio a inmigrantes con entrada legal.
- Una notificación del 25 de marzo que ponía fin al parole humanitario para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El uso de CBP One y la polémica
CBP One fue creada en 2023 bajo la administración Biden para canalizar de forma ordenada a quienes buscaban protección o entrada legal. Sin embargo, en enero de 2025, el nuevo gobierno eliminó el programa, canceló citas programadas y comenzó a revocar autorizaciones de trabajo y permisos de permanencia.
La decisión judicial actual protege a los inmigrantes que ingresaron legalmente a través de esta vía, impidiendo que sean deportados de manera automática y sin proceso legal.
Reacciones
Organizaciones proinmigrantes como CHIRLA, CASA, y UndocuBlack calificaron el fallo como una victoria histórica del debido proceso y una defensa del sistema legal estadounidense frente a medidas que consideraban arbitrarias y desproporcionadas.
Por su parte, portavoces del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicaron que están evaluando apelar la decisión, lo que podría llevar el caso hasta tribunales superiores.
¿Qué sigue?
Aunque la decisión no es definitiva, establece una suspensión temporal de estas deportaciones aceleradas mientras se resuelve el fondo del litigio. Mientras tanto, los inmigrantes con parole y CBP One retienen sus derechos legales y no pueden ser removidos sin audiencia.