Las condiciones dentro del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz, ubicado en una zona pantanosa y remota del condado de Dixie, Florida, han sido calificadas como “inhumanas” por una exempleada que trabajó brevemente en el lugar. Lindsey, exoficial correccional contratada por la empresa privada GardaWorld Federal Services, ofreció un testimonio revelador que confirma denuncias previas de organizaciones de derechos humanos y revive el debate sobre la militarización de la política migratoria en Estados Unidos.
“Un infierno de metal y calor”: así describen el centro
Según Lindsey, cada tienda de detención —una estructura temporal instalada en medio del terreno fangoso— contiene ocho jaulas metálicas donde se confinan entre 35 y 38 personas cada una, sumando cerca de 300 migrantes por tienda. “Es como una perrera sobredimensionada. “No tienen luz solar. No hay un reloj. Ni siquiera saben qué hora del día es. No tienen acceso a duchas. Se duchan cada dos días o cada cuatro días”, relató la mujer.
Los baños portátiles colapsan frecuentemente y el agua sucia se desborda en los días de lluvia. El calor dentro de las tiendas es sofocante y las condiciones sanitarias mínimas brillan por su ausencia. “No se trata de seguridad nacional, se trata de negligencia humana”, enfatizó la exempleada.
Contrataciones exprés, sueldos impagos y personal maltratado
Lindsey fue contratada por GardaWorld con una oferta salarial de 26 dólares por hora. Sin embargo, jamás recibió pago. “Pensé que mejoraría. Pero simplemente nunca lo hizo”, agregó. Tras enfermarse de COVID-19 durante su semana de entrenamiento, quedó despedida abruptamente bajo acusaciones de haber falsificado documentos médicos, lo cual niega categóricamente. Además, denunció que el alojamiento en el que se encontraba carecía de las condiciones mínimas para las personas. “Teníamos que usar baños portátiles. No teníamos agua caliente la mitad del tiempo. Nuestros baños estaban atascados”, denunció.
“Estas personas siguen siendo humanas. Los sacaron de su medio de vida. Están asustados. No hablan nuestro idioma”, afirmó. GardaWorld mantiene un contrato por casi 38 millones de dólares con el estado de Florida, que incluye la provisión de personal y equipamiento para centros de detención como Alligator Alcatraz.
Una nueva cara de la política migratoria de Florida y el gobierno federal
El centro de detención forma parte de la estrategia del gobernador Ron DeSantis para gestionar la migración irregular, en coordinación con agencias federales como ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Desde su apertura, Alligator Alcatraz ha sido blanco de críticas por su carácter improvisado, falta de transparencia y localización remota, lo que complica la visita de abogados, familiares y defensores de derechos humanos.
A nivel federal, el testimonio de Lindsey se suma a preocupaciones crecientes sobre el uso de centros temporales como herramienta de disuasión. Según Human Rights Watch, el 72 % de las personas detenidas por ICE no tienen antecedentes penales, lo que cuestiona la necesidad de su reclusión prolongada. En muchos casos, se trata de solicitantes de asilo, personas con órdenes de supervisión o individuos con procesos migratorios pendientes.
Silencio institucional y pedidos de investigación
Ni GardaWorld ni la División de Manejo de Emergencias de Florida han respondido a las acusaciones. Tampoco lo ha hecho ICE, que remite las preguntas a los contratistas privados. Mientras tanto, organizaciones como ACLU, Human Rights First y Florida Immigrant Coalition exigen una investigación independiente, acceso a observadores internacionales y el cierre inmediato de instalaciones que violen estándares mínimos de derechos humanos.
“El gobierno no puede seguir escondiendo a personas en campos improvisados, sin supervisión y sin garantías legales”, declaró un abogado de inmigración con experiencia en casos similares. “Lo que está ocurriendo en Alligator Alcatraz es un experimento cruel que debe terminar”.
Conclusión: entre el negocio y la vida humana
El caso de Lindsey ofrece una mirada poco común desde el interior del sistema, revelando no solo las penurias de los migrantes detenidos, sino también el uso de empresas privadas para gestionar poblaciones vulnerables con fines económicos. La combinación de falta de transparencia, contratos millonarios, detenciones sin juicio y condiciones extremas pone en entredicho el respeto por los derechos fundamentales en un país que se presenta como garante de las libertades individuales.
Alligator Alcatraz se ha convertido, según sus críticos, en un símbolo del retroceso en materia humanitaria. Mientras tanto, cientos de personas continúan encerradas entre barro, metal y silencio.