El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó este jueves que el estado habilitará la antigua Baker Correctional Institution, cerrada desde 2021, como un nuevo centro de detención para inmigrantes. El proyecto, que costará aproximadamente 6 millones de dólares y contará con 1.300 camas con proyecciones para retener a 2 000 personas, se presenta como una respuesta a la creciente presión por alojar a quienes esperan procesos de deportación.
La instalación, situada a unos 69 kilómetros al oeste de Jacksonville, ha sido apodada informalmente “Deportation Depot” por su función principal: concentrar detenidos para su expulsión del país. Según las autoridades estatales, el centro podría entrar en operaciones en un plazo de dos a tres semanas.
Un plan que aprovecha la infraestructura penitenciaria
La Baker Correctional Institution fue clausurada hace cuatro años como parte de un plan estatal para reducir costos ante la disminución de la población penitenciaria. Ahora, su estructura —ya adaptada para la custodia de internos— ofrece una ventaja logística para acoger a inmigrantes detenidos, evitando la construcción desde cero.
“Había una parte enorme del centro que estaba desocupada. Fue una oportunidad lista para ser usada”, dijo el republicano. Además subrayó que la ubicación, próxima a un aeropuerto regional, facilitará el transporte aéreo de los detenidos hacia los países de origen, lo que “agilizará el cumplimiento de las órdenes de deportación”.
Por su parte, Kevin Guthrie, director de Manejo de Emergencias de Florida afirmó que debería estar recibiendo sus primeros reclusos dentro de dos o tres semanas, pero deben superar algunos retos estructurales que existen en la instalación tras el paso de los años sin emplearse.
Inicialmente, el estado barajó la opción de instalar el segundo centro migratorio en las instalaciones de Camp Blanding; sin embargo, la propuesta fue descartada tras concluir que presentaba desafíos logísticos significativos que dificultarían su puesta en marcha.
Con esta medida, el centro de Baker pasa a ocupar un papel central en la estrategia estatal para intensificar las detenciones y deportaciones, bajo el lema de “procesar, alojar y retornar” a los inmigrantes en situación irregular, según expresó el gobernador Ron DeSantis.
El antecedente: “Alligator Alcatraz” y sus controversias
El anuncio se produce apenas semanas después de que Florida inaugurara otro megacentro de detención en los Everglades, apodado “Alligator Alcatraz”, con capacidad para miles de personas. Esa instalación ha enfrentado duras críticas por sus condiciones internas y su impacto ambiental. Organizaciones de derechos humanos han denunciado hacinamiento, falta de saneamiento, insuficiente atención médica y brotes de enfermedades.
Por otro lado, ambientalistas y la tribu Miccosukee presentaron demandas alegando violaciones a leyes ambientales y riesgos para ecosistemas frágiles de los Everglades. Todo ello provocó que un juez federal ordenara la suspensión temporal de nuevas obras mientras se revisan los reclamos sobre el centro. Este historial alimenta el escepticismo sobre la nueva prisión para inmigrantes en Baker, temiendo que repita problemas similares.
De acuerdo con lo anunciado por el gobernador, este segundo centro contará con las mismas prestaciones que el denominado “Alligator Alcatraz”. No obstante, no se ofrecieron detalles sobre los mecanismos de supervisión ni sobre las garantías de acceso legal para las personas migrantes que sean retenidas en sus instalaciones.
Hace pocos días, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, reveló que el centro conocido como “Alligator Alcatraz” servirá de referencia para la creación de una nueva red de centros de detención estatales bajo la administración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Contexto político: endurecimiento migratorio en Florida
Florida ha seguido una línea dura en materia migratoria, alineándose con las políticas federales actuales que buscan aumentar la detención y acelerar deportaciones. Bajo la administración de DeSantis, se han promovido leyes que:
- Penalizan el transporte de inmigrantes indocumentados.
- Obligan a empresas a verificar el estatus migratorio de sus empleados.
- Facilitan la cooperación entre autoridades estatales y federales en detenciones.
El gobernador defiende estas medidas como herramientas para “proteger la seguridad de los floridanos” y combatir lo que califica como una “crisis migratoria sin precedentes”.
Reacciones y críticas
Grupos proinmigrantes y organizaciones de derechos civiles cuestionan la reapertura de la cárcel de Baker como un nuevo centro de detención:
- Argumentan que la detención prolongada de personas sin antecedentes penales graves vulnera derechos básicos y separa familias innecesariamente.
- Señalan que el modelo carcelario no es apropiado para gestionar procesos migratorios, que deberían priorizar alternativas más humanas, como programas de supervisión comunitaria.
- Advierten que el reaprovechamiento de prisiones cerradas perpetúa una visión punitiva del fenómeno migratorio.
Por su parte, activistas locales temen que el nuevo centro se convierta en “otra Alligator Alcatraz”, con denuncias y demandas a corto plazo.
Impacto en la capacidad de detención
Con la reapertura de Baker Correctional Institution, Florida sumará su segundo gran centro para inmigrantes en menos de dos meses, elevando significativamente su capacidad de custodia. Esto permitirá al estado retener más personas mientras esperan procesos de deportación, pero también incrementa el riesgo de sobrecarga en la gestión, violaciones de derechos y conflictos legales.
Un debate abierto
Mientras la administración estatal avanza en la rehabilitación de la prisión, el debate sobre el equilibrio entre control migratorio, derechos humanos y protección ambiental continúa dividiendo a la opinión pública. Para los defensores de la medida, se trata de una herramienta indispensable para reforzar la seguridad y aplicar la ley. Para sus críticos, es otro paso hacia la normalización de la detención masiva como solución migratoria.
Lo que está claro es que, con Baker y Alligator Alcatraz operativos, Florida se colocará en el centro del debate nacional sobre cómo y dónde deben ser retenidas las personas en proceso de deportación.
