El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) desempeñó un papel clave en una investigación federal que culminó con la acusación de dos hombres residentes de Texas, señalados por su presunta participación en un elaborado esquema de fraude migratorio que permitió a numerosos extranjeros ingresar y permanecer ilegalmente en el país.
Los acusados, Abdul Hadi Murshid, de 39 años, y Muhammad Salman Nasire, de 35, ambos originarios de Pakistán, fueron formalmente acusados el pasado 23 de mayo en el Distrito Norte de Texas, junto con dos entidades comerciales: The Law Offices of D. Robert Jones PLLC y Reliable Ventures, Inc.
La acusación incluye varios cargos federales, entre ellos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, fraude de visas, lavado de dinero y conspiración bajo la Ley Federal Contra el Crimen Organizado (RICO). Además, Murshid fue acusado de haber obtenido la ciudadanía estadounidense ilegalmente, mientras que Nasire enfrenta cargos por intentar hacerlo.
Según documentos judiciales, los implicados habrían tramitado solicitudes falsas para visados EB-2, EB-3 y H-1B, diseñadas para trabajadores calificados y profesionales extranjeros, con el objetivo de facilitar la entrada y permanencia ilegal de personas en Estados Unidos.
De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. En el caso de Murshid, también podría perder su ciudadanía estadounidense a través del proceso de desnaturalización.
La investigación fue conducida por el FBI, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo y el USCIS, mientras que la Fiscalía del Distrito Norte de Texas está a cargo del enjuiciamiento.
Las autoridades subrayaron que la acusación es una imputación formal y que los acusados se presumen inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario. USCIS reiteró su compromiso con la protección de la integridad del sistema migratorio y alentó a denunciar cualquier sospecha de fraude migratorio mediante sus canales oficiales.
Estados Unidos enfrenta un preocupante aumento en casos de fraude migratorio que abarcan desde esquemas con visas laborales hasta matrimonios falsos y universidades ficticias. Diversas investigaciones federales han sacado a la luz redes organizadas que aprovechan debilidades en el sistema de inmigración para facilitar el ingreso y permanencia irregular de extranjeros en el país.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), junto con el FBI, el Departamento de Estado y el Departamento de Trabajo, ha reforzado la vigilancia y los mecanismos de denuncia. La Oficina de Detección de Fraude y Seguridad Nacional lidera investigaciones para garantizar la integridad del sistema. Las penas por estos delitos incluyen condenas de hasta 20 años de prisión, fuertes multas, deportaciones y procesos de desnaturalización para quienes hayan obtenido la ciudadanía de manera ilegal.
El incremento de estos fraudes refleja no solo la sofisticación de las redes criminales, sino también la necesidad de reformas estructurales que refuercen la transparencia y el control en los procesos migratorios. Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier sospecha de fraude migratorio, como parte de un esfuerzo colectivo por preservar la legalidad y equidad del sistema de inmigración en Estados Unidos.
