Administración de Donald Trump impone nuevas restricciones de viajes que incluye a los cubanos

El 9 de junio, entrarán en vigor nuevas limitaciones de inmigración en Estados Unidos que impactarán a los ciudadanos de Cuba y Venezuela, todo esto como resultado de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. La decisión se toma debido a inquietudes relacionadas con la seguridad del país y a la limitada colaboración entre ambos estados en cuestiones de consulados, fuerzas de seguridad y repatriaciones.

En el contexto de Cuba, la orden ejecutiva limita de manera específica la llegada de individuos que tengan visas de las siguientes categorías:

B-1 (negocios)

B-2 (turismo)

B-1/B-2 (mixtas)

F (estudiantes)

M (estudios técnicos)

J (intercambio cultural)

La inclusión de Cuba en ese listado se debe a su resistencia histórica a cooperar en materia de seguridad y deportaciones, así como su inclusión en la lista de países que patrocinan en el terrorismo. Igualmente destaca el documento oficial que otro aspecto a tener en cuenta para la imposición de estas restricciones es que la isla posee altos índices de superación de visas como las B-1/B-2 (7.69%) y F/M/J (18.75%).

“El Gobierno de Cuba no coopera ni comparte información suficiente en materia de cumplimiento de la ley con Estados Unidos”, subraya el texto del Departamento de Estado. La regla no elimina de manera total la concesión de todas las visas, sin embargo, requiere que los funcionarios consulares limiten la duración de otras visas de no inmigrante dentro de lo que la ley permita. Además, a partir del 9 de junio, se suspenderán la emisión de nuevas visas B, F, M o J para los ciudadanos cubanos.

La vocera del Departamento de Estado, Natalia Molano explicó en una entrevista que concedió al periodista cubano Mario J. Pentón que la directiva se implementará sin concesiones a pesar de que existen algunas excepciones las cuales se detallan a continuación.

• Residentes permanentes legales (green card holders)
• Personas con visas vigentes emitidas antes del 9 de junio, aunque estas podrán ser evaluadas caso por caso
• Solicitantes de visas bajo categorías familiares IR (padres, cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses)
• Individuos cuya entrada sea de interés nacional o político para EE.UU.

En el caso de los casos humanitarios la portavoz destacó que la directriz no especifica una categoría específica puesto que no existe una visa humanitaria propiamente dicha, pero se pueden tener en cuenta algunos criterios muy particulares. La doble nacionalidad podría resultar una alternativa viable para algunos individuos. En el caso que un cubano posea un pasaporte de un país que no se encuentra en esa lista puede entrar a Estados Unidos siempre que su visa sea válida.

Los titulares de pasaporte cubano que son residentes permanentes no deberían enfrentar dificultades al volver a EE.UU., aunque la representante del Departamento de Estado destacó que la última decisión siempre corresponde a los oficiales de la frontera. “La entrada a Estados Unidos es un privilegio para los extranjeros. Nada está garantizado al 100%”, alertó la funcionaria del departamento.

Fuentes gubernamentales señalaron que la directiva fue ratificada después del asalto antisemita que tuvo lugar en Boulder, Colorado, el domingo pasado. A pesar de que la declaración se estaba organizando desde marzo, el suceso urgió su implementación, argumentando la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza y mitigar riesgos.

Esta acción evoca los bloqueos migratorios promovidos por Trump en su primer periodo (2013-2017), los cuales provocaron debate y diversas disputas legales. Este jueves, el gobierno cubano tildó de discriminatoria y dañina esta nueva medida ejecutiva. La contestación formal fue emitida por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien compartió un post en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), en el que denunciaba a Washington por ceder a las presiones de políticos hostiles a Cuba y por amenazar las relaciones familiares.

La declaración resalta igualmente que la política de migración estará sujeta a una revisión constante, lo que podría dar lugar a la implementación de nuevas restricciones o ajustes, dependiendo de la colaboración de las naciones implicadas.