Administración de Donald Trump recibe luz verde de un juez para realizar registro de inmigrantes indocumentados

La administración del presidente Donald Trump recibió luz verde de un juez federal para que solicite a todas las personas que están en el país sin estatus migratorio definido se inscriban en los registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

A partir de este viernes, la nueva normativa comenzará a aplicarse, inaugurando una etapa diferente en la política de inmigración del presidente republicano. La decisión fue tomada el 10 de abril por el juez Trevor Neil McFadden, quien fue designado para el puesto por Donald Trump.

McFadden rechazó las afirmaciones de las organizaciones que presentaron la demanda, las cuales alertaban sobre la posibilidad de que el registro se utilizara como herramienta para promover deportaciones en gran escala.

El juez opina que la acción del gobierno de Trump se funda en normativas ya establecidas, las cuales se encuentran en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Según su perspectiva, únicamente se está utilizando un recurso legal que previamente se había usado en situaciones inusuales.

Tras la decisión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un aviso urgente. Los inmigrantes que residen en el país desde hace más de 30 días tienen como fecha límite este viernes para completar su registro. Aquellos que no lo hagan podrán enfrentar sanciones económicas, prisión o ambas consecuencias.

La inscripción será requisito para todos los extranjeros mayores de 14 años que no cuenten con un estatus legal. Estos individuos deberán proporcionar sus huellas digitales y su dirección de vivienda, utilizando un procedimiento disponible en el sitio web oficial de USCIS. Los representantes legales o padres deberán realizar el registro de los menores.

“El presidente Trump y la secretaria (Kristi) Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora”, destacó el DHS. El objetivo del gobierno es emplear esta base de datos para facilitar la coordinación de las deportaciones de inmigrantes sin papeles.

El anuncio del registro tuvo lugar en febrero y no implica una situación migratoria ni proporciona ventajas legales o laborales; sin embargo, su violación se calificará como un delito. También se impondrán penalizaciones a aquellos que no reporten actualizaciones de su dirección o ignoren las instrucciones de abandonar el país.

La legislación se basa en una norma que ha estado en desuso desde 1940, la cual fue temporariamente reactivada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando se requería el registro de individuos de 25 naciones, en su mayoría de población musulmana. Esta estrategia dio lugar a más de 13,000 expulsiones, pero fue cancelada en 2016 tras recibir numerosas críticas.

En esta situación reciente, defensores de derechos y letrados en temas migratorios han señalado las consecuencias morales y jurídicas de esta acción. Establecen paralelismos con métodos pasados de vigilancia sobre colectivos en riesgo, y expresan su preocupación de que esto pueda generar un estigma hacia toda la población migrante, abarcando a individuos sin registros criminales.

A pesar de las objeciones, la Casa Blanca se aferra a su posición, enfatizando que el registro es no solo legítimo, sino un deber histórico que nunca se ha implementado adecuadamente. Para la Administración Trump, este avance es crucial para cumplir con su compromiso de fortalecer la vigilancia migratoria y poner en primer lugar la seguridad del país.