En una medida sorprendente, la administración Trump ha revocado las visas de 18 estudiantes de la Universidad Internacional de Florida (FIU). Este cambio se produce tras un nuevo acuerdo entre la policía de FIU y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permitirá a los oficiales recibir capacitación para hacer cumplir las leyes de inmigración en el campus.
Según un portavoz de la universidad, la revocación de los estatus de visa F-1 ocurrió de manera repentina entre el 25 de marzo y el 10 de abril. De estos estudiantes, 11 son actualmente alumnos, mientras que 7 son graduados recientes. La situación plantea serias preocupaciones sobre el futuro de estos estudiantes y sus derechos como inmigrantes.
En una entrevista exclusiva con Glenna Milberg de Local 10, la presidenta actual de FIU, Janette Nunez, fue cuestionada sobre la inmigración ilegal en universidades estatales. Nunez expresó: «Cuando se observa cómo se han desarrollado las cosas en los últimos cuatro años y se ve la dirección que ha tomado el país, es evidente que tenemos una responsabilidad como universidad estatal hacia el contribuyente. Debemos asegurarnos de tener suficiente capacidad y asientos para nuestros residentes legales de Florida».
Hasta el momento, no está claro por qué se revocaron las visas de estos estudiantes. Sin embargo, se ha reportado que más de 700 estudiantes y graduados recientes en todo el país han visto cambiado su estatus legal por parte del Departamento de Estado de EE. UU. FIU ha confirmado que se ha inscrito en un programa de ICE denominado 287G, que permite a la policía del campus detener, interrogar e incluso detener a individuos que sospechen que son inmigrantes ilegales.
La situación en FIU refleja una tendencia más amplia en el país, donde las políticas de inmigración están afectando directamente a la población estudiantil. Este cambio no solo afecta a los estudiantes involucrados, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de la educación superior y la inclusión de estudiantes internacionales en las universidades estadounidenses.
La comunidad académica y los defensores de los derechos de los inmigrantes están preocupados por el impacto que estas políticas pueden tener en el ambiente educativo y en la diversidad cultural de las instituciones. Se espera que las universidades tomen medidas para proteger a sus estudiantes y abogar por políticas más inclusivas.
