Congresista cubanoamericana María Elvira Salazar resalta la importancia de aprobar la Ley Dignidad

La congresista republicana de origen cubano, María Elvira Salazar (Distrito 27 de Florida), ha vuelto a encender el debate sobre la inmigración en Estados Unidos. En recientes declaraciones al periodista de Radio Mambí, Jorge Sánchez Grass, declaró que los trabajadores migrantes “no pueden ser deportados” porque su presencia es fundamental para sostener la economía del país.

¿Por qué son esenciales los migrantes?


Salazar afirma que entre 10 y 15 millones de personas indocumentadas —sin antecedentes criminales— constituyen una “capa invisible” de trabajadores en sectores claves como construcción, agricultura y hotelería. Según ella, deportarlos causaría un impacto económico devastador, llevando al país a tardar cerca de 20 años en recuperarse.

Críticas dentro del propio partido

La congresista enfrenta críticas dentro del ala conservadora del Partido Republicano, que la acusan de simpatizar con los “ilegales”. Salazar responde que su preocupación no es ideológica, sino práctica: «En Estados Unidos hay entre 10 y 15 millones de personas que forman una capa invisible de trabajadores sin antecedentes penales, que no entraron con Biden, y que son esenciales para mantener la economía a flote”, enfatizó la política republicana.

Ley Dignidad: tercera vía migratoria


En respuesta a lo que califica como discursos extremistas —amnistía total o deportaciones masivas— Salazar propone una alternativa: su iniciativa Ley Dignidad. Se trata de un enfoque bipartidista que apuesta por “orden, ley y dignidad” como solución migratoria. Los ejes principales incluyen:

  • Camino a la legalización para inmigrantes sin antecedentes criminales.
  • Requisito de al menos cinco años de residencia y trabajo en EE. UU.
  • Reconocimiento de esta población como “héroes silenciosos” que realizan trabajos que pocos están dispuestos a hacer.

La propuesta será presentada formalmente antes de fin de mes, en colaboración con la congresista demócrata Verónica Escobar (TX‑16), reforzando el carácter bipartidista de la iniciativa. “Esa gente es muy necesaria y no puede ser deportada porque la economía colapsa. Hay que tener todo tipo de mano de obra para que la economía americana siga siendo el número uno del mundo”, agregó Salazar que considera que además de la amnistía y las deportaciones su iniciativa es una solución efectiva.

Sobre el proyecto afirmó que lo presentará antes que concluya el mes de junio junto a Verónica para que aquellas personas que todavía no cuentan con un estatus definido no tienen antecedentes criminales y viven en Estados Unidos hace más de cinco años puedan obtener sus documentos legales.

Apoyo a migrantes cubanos y otros beneficiarios del TPS

Salazar también ha manifestado su compromiso con cubanos con estatus I‑220A y personas de nacionalidades como Nicaragua, Venezuela y Haití amparadas bajo Estatus de Protección Temporal (TPS). En marzo, solicitó al entonces gobierno de Trump que no deportara a estos grupos, señalando que “han llegado en busca de libertad y no deben ser enviados de regreso a la dictadura”

Aunque algunos sectores empresariales han aplaudido la propuesta por brindar estabilidad a una fuerza laboral vital, la “Ley Dignidad” también ha generado un amplio espectro de críticas.

Desde el ala conservadora del Partido Republicano:

  • Acusan de amnistía encubierta: Alegan que la iniciativa envía el mensaje equivocado y puede alentar a más personas a ingresar ilegalmente al país con la esperanza de futuras regularizaciones.
  • Temores sobre seguridad y legalidad: Consideran que no se puede garantizar que todos los beneficiarios estén libres de vínculos delictivos y que el proyecto debilita el sistema migratorio formal.

La “Ley Dignidad” coloca a María Elvira Salazar en una posición poco común dentro de su partido: una republicana que promueve una reforma migratoria basada en la legalidad, el pragmatismo económico y el respeto a la dignidad humana. Aunque enfrenta resistencia tanto de sectores conservadores como progresistas, su propuesta abre un espacio de diálogo que podría convertirse en un punto de partida para una legislación migratoria más equilibrada y realista.


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