Congresista estadounidense de origen cubano vuelve a denunciar condiciones de los inmigrantes en Alligator Alcatraz: «Es una vergüenza, y seguiré trabajando para obtener respuestas»

El congresista demócrata de origen cubano Maxwell Alejandro Frost volvió a visitar el polémico centro de detención de inmigrantes en los Everglades, conocido como Alligator Alcatraz, y reiteró sus denuncias sobre el maltrato y las condiciones infrahumanas que enfrentan los migrantes recluidos allí. Pese a la reducción del número de detenidos, Frost asegura que el lugar continúa operando bajo un esquema de hacinamiento y opacidad que pone en entredicho al sistema migratorio de Estados Unidos.

Reducción de detenidos, pero sin mejoras reales

En su recorrido, el legislador constató que actualmente permanecen en el centro 336 migrantes, una cifra considerablemente menor a los más de mil internos que llegó a albergar en meses anteriores. «Solo hay 336 personas ahora mismo. La última vez que vine eran mil. Pensé que, al haber menos gente, los distribuirían y no tendrían 32 por jaula, pero no fue así», criticó el cubanoamericano.

Obstáculos a la transparencia

Frost tenía autorización oficial para reunirse con detenidos provenientes de su distrito en Florida, pero la visita fue frustrada porque —según denunció— estas personas fueron trasladadas antes de su llegada. Para el congresista, esta maniobra evidencia un patrón de ocultamiento y falta de rendición de cuentas por parte de los operadores del centro. «Ayer mismo lo habíamos aprobado con el estado, pero hoy me informaron que los habían transferido. Es una vergüenza, y seguiré trabajando para obtener respuestas para las familias del centro de Florida», cuestionó.

“Teatro de crueldad” y negocio privado

El legislador calificó la gestión de Alligator Alcatraz como un “teatro performativo” donde la crueldad es utilizada con fines políticos y económicos. Criticó con dureza a los contratistas privados que administran el lugar, a quienes acusó de lucrar con la detención masiva de migrantes, mientras ignoran derechos constitucionales y violan regulaciones ambientales en los Everglades. «Actúan con insensibilidad, para el beneficio financiero de quienes construyen y administran este lugar», mencionó.

Yesterday, I returned to the Everglades Detention Facility to check on constituents and Floridians being held in this internment camp.

I was unable to meet any of the people that I was set to meet with. It's shameful — and I'll keep working to get answers for Central FL… pic.twitter.com/5GlA9VIias

— Congressman Maxwell Alejandro Frost (@RepMaxwellFrost) August 21, 2025

Iniciativas legislativas y presión al gobierno federal

Frost recordó que más de 60 congresistas demócratas firmaron recientemente una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), exigiendo aclarar cuál es el verdadero papel del gobierno federal en la operación del centro. Según el congresista, la ambigüedad sobre quién tiene la responsabilidad última forma parte de una estrategia para evitar sanciones y responsabilidades políticas.

Repercusiones políticas en Florida

Más allá del terreno humanitario, Frost también abordó las implicaciones políticas del caso. Señaló que encuestas recientes muestran un creciente malestar incluso entre sectores republicanos respecto a la actual política migratoria, lo que podría tener consecuencias en el electorado del sur de Florida.

En este sentido, lanzó críticas directas a los congresistas cubanoamericanos republicanos de Miami —Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar—, a quienes acusó de no defender de manera contundente a la comunidad hispana y de limitarse a un discurso retórico mientras miles de familias migrantes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

«Esperamos que los republicanos nos acompañen en este viaje para luchar por la humanidad, por nuestros electores, por nuestra gente», exhortó.

Un centro en el ojo de la tormenta

El Alligator Alcatraz ha sido blanco de numerosas denuncias desde su apertura, con reclamos que van desde violaciones a los derechos humanos, condiciones insalubres y maltrato psicológico, hasta cuestionamientos por el impacto ambiental que genera en los Everglades. Organizaciones de derechos civiles, abogados de inmigración y familiares de detenidos han exigido su cierre inmediato o, al menos, una supervisión estricta.

Durante una visita realizada en julio, un grupo de congresistas y legisladores estatales expuso las precarias condiciones que enfrentan los detenidos. Entre las denuncias destacaron colchones en mal estado e infestados, temperaturas agobiantes dentro de las instalaciones, agua considerada no apta para el consumo humano y servicios sanitarios que no ofrecían la mínima privacidad.

En ese momento, el congresista Frost relató que escuchó a uno de los detenidos gritar desde el interior de las carpas: “¡Soy ciudadano estadounidense!”, mientras que otros se unían en coro clamando “¡Libertad!”.

«Es algo de lo que todos, sean demócratas, republicanos o lo que sea, deberían sentirse profundamente avergonzados. Los inmigrantes no envenenan la sangre de esta nación. Son la sangre de esta nación», dijo en aquel momento durante su visita a Alligator Alcatraz.

El centro permanece bajo la lupa judicial. Un proceso federal investiga si su edificación incumplió la Ley Nacional de Política Ambiental al haberse levantado sin la revisión previa correspondiente. Grupos ecologistas y los demandantes exigen que se suspenda el funcionamiento del lugar hasta que se garantice el cumplimiento de la normativa.

La magistrada que lleva el caso deberá emitir un fallo antes de que venza la orden de restricción temporal actualmente en vigor. “Confiamos en que el juez se pronuncie entre hoy y mañana. Nuestra expectativa es que la decisión ponga fin a las operaciones de este centro”, declaró Frost tras su salida de Alligator Alcatraz.

Un debate en ascenso

El caso de Alligator Alcatraz se suma al debate nacional sobre el sistema de detención migratoria en Estados Unidos, que combina instalaciones públicas y privadas bajo contratos millonarios. Para Frost y otros legisladores, lo que ocurre en este centro no es un hecho aislado, sino un reflejo de una política que prioriza el negocio de la detención sobre los principios humanitarios y los derechos fundamentales.