Congresista Mario Díaz-Balart se pronuncia tras la revocación de el parole humanitario: «Seguiremos abogando por ellos»

El viernes, el congresista Mario Díaz-Balart reveló que se están realizando esfuerzos para abordar la situación de los exiliados políticos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela cuyo parole humanitario ha sido revocado.

Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la libertad condicional humanitaria podría ser revocada inmediatamente para más de 530.000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, lo que podría provocar deportaciones a gran escala, Díaz-Balart se comprometió a apoyar a estas personas, como se afirmó en una publicación en X.


«Carlos Giménez, María Elvira Salazar y yo estamos trabajando con la Administración Trump para presentar el caso y encontrar una solución permanente para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que han huido de crisis políticas y no pueden regresar a sus países de origen debido a reclamos legítimos de persecución», dijo. 

Según su criterio, la difícil situación de estos migrantes se debe a la decisión deliberada de Joe Biden de permitir el ingreso de millones de personas por la frontera, lo que resultó en una afluencia que también permitió que «innumerables malos actores que se aprovecharon de sus políticas de fronteras abiertas».

Al hacer esta declaración, se sumó a los llamados de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, quien envió un mensaje a Donald Trump alentándolo a utilizar la orden ejecutiva de Salida Forzada Diferida (DED). Esta medida brindaría protección temporal contra la deportación a los beneficiarios mientras se finalizan sus procesos de asilo, investigaciones de antecedentes y solicitudes de inmigración. ). Esta medida brindaría protección temporal contra la deportación a los beneficiarios mientras se finalizan sus procesos de asilo, investigaciones de antecedentes y solicitudes de inmigración. 

Sus comentarios indican una postura única dentro de su partido, la mayoría del cual ha aclamado la decisión del tribunal como un triunfo para la seguridad nacional.

La decisión de cancelar el programa obliga a numerosas personas a buscar garantías migratorias alternativas para evitar ser deportadas. 


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