Crecen las deportaciones desde el centro “Alligator Alcatraz” en Florida: al menos 100 migrantes ya han sido expulsados

El gobierno de Florida ha precisado por primera vez el número de deportaciones realizadas desde el recién inaugurado centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, una instalación de máxima seguridad ubicada en una remota zona pantanosa del sur del estado. Según declaraciones recientes del gobernador Ron DeSantis, alrededor de 100 personas han sido deportadas directamente desde ese centro, mientras varios cientos más han sido trasladados a otras instalaciones federales del país para su posterior remoción.

“Han deportado a más de 100 (directamente) desde ahí y también han volado desde ahí 300 ó 400 más que ya han deportado o están esperando su deportación desde otros lugares en Estados Unidos. Así que es como un hub”, afirmó el político republicano en una conferencia de verano de la Asociación de Alguaciles de Florida.


El centro, oficialmente llamado “Campamento Estatal de Detención Temporal para Migrantes”, comenzó a operar el pasado 3 de julio de 2025 como parte del programa migratorio impulsado por la administración estatal de DeSantis. Esta política se inscribe en una serie de medidas que buscan reforzar la seguridad fronteriza desde el ámbito estatal, en paralelo a las acciones del gobierno federal. La instalación se gestiona en coordinación con agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este centro, gestionado en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no solo sirve como punto de partida para deportaciones inmediatas desde Florida, sino que también funciona como estación de tránsito. Desde allí, los detenidos pueden se trasladan a otras jurisdicciones del país, donde se reorganizan los procedimientos antes de abordar vuelos que los llevarán de regreso a sus países de origen.

“Si son de seis o siete países diferentes, los trasladan a otros estados, como Luisiana, donde los segregan con base en su país para colocarlos en otros vuelos”, explicó el gobernador.

Una infraestructura de gran escala en medio del pantano

“Alligator Alcatraz” se construyó con una capacidad estimada de entre 2,000 y 5,000 camas, según la fase operativa en que se encuentre. Su ubicación aislada y su diseño de seguridad elevada le han valido comparaciones con la histórica prisión de Alcatraz, además de recibir críticas por la falta de acceso de familiares, abogados y observadores independientes.


La instalación se presentó por el gobierno estatal como un componente estratégico para garantizar la “integridad del sistema migratorio” y como una respuesta a lo que consideran “fallas del gobierno federal en el control fronterizo”.

“Incrementar el ritmo de estos vuelos con deportaciones es beneficioso para Florida porque será un enorme elemento disuasivo”, manifestó reafirmando su voluntad de incrementar las capacidades.

El gobernador expresó su disposición a establecer un nuevo centro migratorio en Camp Blanding, una instalación de la Guardia Nacional ubicada en el norte del estado. Sin embargo, puntualizó que esa medida no se llevará a cabo hasta que se consolide un flujo constante de deportaciones desde Alligator Alcatraz.

DeSantis destacó que entre 50,000 y 80,000 migrantes en Florida ya cuentan con órdenes finales de deportación, y subrayó que el estado se encuentra a la cabeza en la implementación de la política migratoria promovida por la Administración de Donald Trump.

Denuncias por falta de garantías procesales

Pese a los esfuerzos oficiales por destacar su funcionalidad, el centro es objeto de severas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, abogados de inmigración y legisladores estatales opositores. Entre las principales denuncias se encuentran:

  • Cancelación arbitraria de audiencias de inmigración, sin previo aviso ni reprogramación inmediata.
  • Falta de acceso a representación legal, con abogados que aseguran no poder contactar directamente con sus clientes.
  • Condiciones de detención precarias, con reportes de temperaturas extremas, escaso acceso a agua potable y alimentación deficiente.
  • Ausencia de comunicación con el exterior, lo que ha dificultado que los detenidos informen a sus familias sobre su paradero.

Un abogado de inmigración que solicitó permanecer en el anonimato comentó a medios locales que muchos detenidos “no han tenido oportunidad de presentar una solicitud de asilo o de explicar por qué temen regresar a sus países de origen”.

Vuelos de deportación en marcha

El gobernador DeSantis confirmó que ya se han efectuado vuelos de deportación desde la propia instalación, aunque no se han revelado detalles sobre los países de destino ni las nacionalidades de los deportados. Tampoco se ha informado si algunos de estos migrantes tenían casos abiertos ante tribunales migratorios o si recibieron órdenes de deportación tras audiencias previas.

Las deportaciones desde “Alligator Alcatraz” se dan en el contexto de un aumento generalizado en las acciones de remoción migratoria en Estados Unidos durante 2025, particularmente en estados liderados por gobiernos republicanos que han optado por medidas más severas contra los inmigrantes en situación irregular.

Críticas y seguimiento internacional

Diversos grupos defensores de los derechos de los migrantes, tanto a nivel nacional como internacional, han pedido acceso independiente al centro y una revisión legal de los procesos allí ejecutados. La American Civil Liberties Union (ACLU) y Human Rights Watch han solicitado que se investigue si las deportaciones violan el debido proceso y las normas de protección para solicitantes de asilo.

Por su parte, el gobierno federal no ha emitido comentarios contundentes sobre el funcionamiento del centro, aunque algunos legisladores demócratas han cuestionado su legitimidad, argumentando que “la política migratoria es competencia federal y no puede estar sujeta a decisiones unilaterales de los estados”.

Futuro incierto para cientos de detenidos

Mientras tanto, centenares de migrantes continúan recluidos en la instalación sin información clara sobre sus procesos. Algunos han sido llevados a otros centros como Krome (en Miami) o al centro de detención de Louisiana, donde esperan decisiones judiciales o nuevas órdenes de remoción.

Se espera que las deportaciones continúen durante las próximas semanas, en lo que parece ser una aceleración de la política migratoria estatal de Florida. El impacto humano de estas acciones aún está por determinarse, pero abogados y activistas advierten que muchas familias podrían estar siendo separadas, y numerosos casos de protección humanitaria podrían estar siendo ignorados.

Concluye así un capítulo más en la controversia sobre el control migratorio en Estados Unidos, con Florida en el centro del debate, y con “Alligator Alcatraz” como símbolo de una política que ha polarizado a la opinión pública. ¿Seguirá este modelo expandiéndose a otros estados? ¿Habrá acciones judiciales para frenar su funcionamiento? Las próximas semanas serán clave.


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