En un suceso que ha causado gran impacto en la comunidad cubana y en el ámbito migratorio, un hombre cubano residente en Estados Unidos, identificado como Andrés Fernández de la Paz, fue arrestado en Houston, Texas, tras disparar a su cuñado en el pecho dentro de su propia casa. Este caso no solo destaca por la gravedad del crimen, sino también por las implicaciones que tiene en materia de inmigración, dada la orden de deportación vigente contra Fernández y la negativa del gobierno cubano a aceptarlo de regreso.
Detalles del incidente y la detención
El episodio ocurrió cuando Andrés Fernández, de 36 años, disparó a quemarropa a su cuñado, Edieski Incensio Piñeiro, en su domicilio. Las imágenes capturadas en el momento del disparo se viralizaron rápidamente en redes sociales y fueron difundidas por diversos medios de comunicación, mostrando la magnitud de la violencia del acto. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital, donde lamentablemente falleció debido a las heridas de bala en el pecho.
Fernández fue detenido de inmediato por las autoridades de Houston. Según el comunicado oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el arresto se realizó el 28 de abril en la cárcel del condado Harris, donde se le presentó una orden de detención migratoria debido a su estatus ilegal y antecedentes penales.
Historial criminal y problemas migratorios
El caso de Andrés Fernández no es aislado ni reciente. Este cubano posee un extenso historial delictivo en Estados Unidos, que incluye investigaciones previas por homicidio y fraude con tarjetas de crédito. En un caso anterior, Fernández fue investigado por disparar a dos personas, resultando una de ellas fallecida y otra herida; sin embargo, la fiscalía retiró los cargos por falta de pruebas suficientes para una condena, y la defensa alegó defensa propia.
Además, Fernández estuvo bajo investigación del FBI por fraude con tarjetas de crédito y había sido puesto bajo fianza. Su historial delictivo también incluye condenas por evadir arresto y múltiples cargos relacionados con abuso de tarjetas de crédito o débito.
Desde el punto de vista migratorio, Fernández tiene una orden final de deportación desde 2019. Entró ilegalmente en Estados Unidos en 2016 y, aunque inicialmente recibió libertad condicional en 2014 en el puerto de entrada de Brownsville, no cumplió con los términos de su admisión, permaneciendo ilegalmente en el país desde entonces.
La negativa de Cuba para aceptar deportados
Uno de los aspectos más polémicos de este caso es la negativa del gobierno cubano a aceptar el retorno de Fernández a la isla. A pesar de la orden de deportación emitida por un juez de inmigración en junio de 2019, Cuba se negó a aceptar su regreso, lo que impidió que ICE ejecutara la deportación.
Esta negativa no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que ha llevado a que Cuba sea catalogada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como un país «recalcitrante» en materia de deportaciones. Esto quiere decir que el régimen cubano no acepta de manera regular a sus ciudadanos que tienen órdenes finales de deportación en EE.UU.
En contraste, Cuba sí ha aceptado a deportados sin antecedentes penales, como el caso reciente de Heidy, una madre cubana deportada desde Tampa. Esta disparidad genera un problema para las autoridades migratorias estadounidenses, que a veces se ven obligadas a liberar a personas con órdenes de deportación debido a la falta de cooperación del gobierno cubano.
Contexto de la política migratoria y las deportaciones
El gobierno de Estados Unidos ha intentado ejercer presión sobre países que se niegan a aceptar a sus deportados. Bajo la administración del expresidente Donald Trump, se implementaron políticas de «tolerancia cero» para deportar a todos aquellos con órdenes finales, especialmente quienes poseen antecedentes criminales. Sin embargo, en el caso de Cuba, las restricciones y amenazas de limitar visas aún no han logrado que el régimen cambie su postura.
Otros países como Venezuela, Colombia y México han tenido inicialmente reticencias, pero finalmente han aceptado deportaciones regulares tras negociaciones con Estados Unidos. Sin embargo, Cuba permanece en una posición firme de rechazo que complica la gestión migratoria y la seguridad pública en EE.UU.
Implicaciones sociales y legales del caso Fernández
La historia de Andrés Fernández evidencia un problema mayor en la gestión de inmigración y seguridad pública. La permanencia de personas con órdenes de deportación y antecedentes criminales en las calles representa un riesgo para la comunidad, como tristemente se reflejó en el homicidio de su cuñado.
El hecho de que Fernández estuviera en libertad bajo supervisión a pesar de su historial criminal, y que su deportación no se hubiera podido ejecutar por la negativa de Cuba, genera cuestionamientos sobre las políticas migratorias y la cooperación internacional en materia de deportaciones.
Actualmente, Fernández enfrenta cargos por homicidio, y las autoridades de Houston mantienen su detención sin posibilidad de fianza. Asimismo, ICE ha colocado una orden de detención migratoria para evitar que salga libre y para garantizar que pueda ser deportado una vez cumpla con su sanción penal.
