Denuncian que Joven que era propagandista del régimen de Cuba se encuentra en EE.UU buscando la residencia permanente y causa indignación en el exilio

Bruce Iam González Marrero, un joven cubano de 27 años que durante años fue un activo defensor del régimen castrista en redes sociales y ocupó cargos de liderazgo dentro de organizaciones oficialistas, ha generado polémica al solicitar la residencia legal en Estados Unidos bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Su intento de rehacer su vida en el país norteamericano ha despertado la indignación de amplios sectores del exilio cubano, que denuncian un patrón preocupante: el ingreso y asentamiento de antiguos propagandistas del régimen que, al llegar a suelo estadounidense, borran su historial digital y solicitan beneficios migratorios.

González Marrero fue presidente del Movimiento Juvenil Martiano en la provincia de Villa Clara y profesor universitario en Cuba. Durante ese tiempo, mantuvo una presencia activa en redes sociales, en las que atacaba con lenguaje violento a periodistas independientes, activistas opositores y miembros del exilio.

Meses antes de llegar a EE.UU en un evento con jóvenes comunistas en la isla afirmó: “Venimos a reafirmar nuestro compromiso con la continuidad histórica, con nuestro comandante [Fidel Castro]”. Igualmente llamaba “delincuentes” a los manifestantes del 11 de julio de 2021 y se refería a las protestas como “disturbios organizados por el enemigo”. Su contenido era amplificado por cuentas oficiales del régimen, incluyendo embajadas cubanas y medios estatales.

En agosto de 2022 criticó a quienes desde el exilio en Estados Unidos acusaban a las autoridades cubanas por la incapacidad de respuesta ante el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas. “Como les gusta cacarear a esas gallinas americanas… no brindan ayuda verdadera”, escribió en sus redes sociales el joven que ahora solicita asilo en EE.UU.

De acuerdo con Martí Noticias, tras llegar a Estados Unidos el 9 de octubre de 2022, González eliminó su rastro en internet. Aunque sus cuentas están borradas, varias capturas de pantalla prueban su involucramiento con la propaganda oficialista. Actualmente reside en Kentucky, donde ha solicitado su ajuste de estatus migratorio.

La comunidad del exilio cubano ha respondido con firme rechazo. Activistas y defensores de derechos humanos consideran inaceptable que personas que defendieron y justificaron la represión en la isla ahora se beneficien de las leyes que protegen a quienes huyen precisamente de esa opresión. “Mientras jóvenes como los del 11J cumplen largas condenas por protestar pacíficamente, individuos como este buscan legalizarse aquí, escondiendo su pasado”, declaró un activista citado por Martí Noticias.

Sus publicaciones en aquellos momentos se han compartido por embajadas de Cuba, igualmente se hizo eco de informaciones y contenidos de organizaciones simpatizantes del régimen de La Habana como la conocida Puentes de Amor que lidera Carlos Lazo desde EE.UU. para promover el fin del embargo a la isla.

Abogados especializados en inmigración han advertido que casos como este podrían ser legalmente inadmisibles. Haber sido dirigente comunista o haber colaborado con un régimen represivo puede ser causal de inadmisibilidad para la residencia en Estados Unidos, según establece la ley migratoria estadounidense.

Este caso no es aislado. Otro exlíder del Movimiento Juvenil Martiano, Orlando Ernesto Pérez Núñez, también se encuentra en Estados Unidos tras entrar en noviembre de 2024. Y según informes de organizaciones de exiliados, más de mil personas vinculadas al aparato represivo del régimen han ingresado en los últimos años al país. Esto ha llevado a legisladores del sur de Florida a pedir mayores controles sobre las admisiones migratorias de cubanos con historial de colaboración con el gobierno de La Habana.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) ha liderado un esfuerzo sistemático para identificar y denunciar a ciudadanos cubanos vinculados a la represión del régimen que han llegado a Estados Unidos, muchos de ellos buscando acogerse a beneficios migratorios como la Ley de Ajuste Cubano.

Dentro de las medidas que la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) ha implementado se encuentra la creación de una base de datos que recopila información sobre presuntos represores —incluyendo oficiales, jueces, fiscales y agentes de la Seguridad del Estado— con evidencia documental, fotos, testimonios y cargos desempeñados.

Asimismo, ha creado un sistema de denuncias donde las víctimas pueden enviar denuncias anónimas o firmadas que luego se investigan y se cruzan con otras fuentes. La fundación valida y documenta cada caso antes de publicarlo. En tanto comparten FHRC comparte estos casos con congresistas, medios de comunicación y agencias federales de EE.UU., como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el FBI, solicitando que se investigue y eventualmente se nieguen beneficios migratorios a los implicados.

Dentro de los casos más recientes está el de la jueza Yadira Negrín García señalada por condenar con dureza a jóvenes del 11J. Ingresó a EE.UU. y quedó detenida por fraude migratorio. Su caso generó gran revuelo en medios y círculos políticos del sur de la Florida. También está registrado Raidel Rodríguez Gainza, un oficial de la dictadura acusado de golpear manifestantes del 11J en Holguín. Llegó a EE.UU. en 2023 por la frontera sur. FHRC difundió su historial con videos y testimonios.

La FHRC se ha convertido en un actor clave en la defensa del principio de justicia y reparación, buscando que personas involucradas en la represión no se beneficien de los mismos sistemas democráticos y de libertad que ayudaron a oprimir en Cuba. La presión ha llevado a que algunos casos sean revisados, y se impulsa un llamado a revisar los antecedentes de quienes ingresan a EE.UU. desde la isla.