En un gesto por minimizar la polémica por la participación de efectivos policiales en las redadas del migratorias Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y promovidas por la administración Trump, el jefe de policía de la ciudad de Miami, Manuel Morales afirmó que el acuerdo con la agencia federal no será amplio puesto que solo tres oficiales de su entidad que posee 1.400 agentes serán los escogidos para capacitarse e integrarse al programa.
En ese sentido dijo que estos policías contarán con la misma autoridad que los agentes migratorios, pero seguirán desempeñando su rol como agentes del orden en otros momentos. “Los oficiales que serían determinados para operar en ese grupo tendrán la misma autoridad que cualquier oficial de inmigración de Estados Unidos después de que estén trabajando bajo su supervisión. Cuando están haciendo sus otras operaciones son un oficial regular del Departamento de la Policía”, dijo el alto oficial de Miami-Dade.
La Comisión de la Ciudad de Miami aprobó por mayoría el pacto con ICE, los comisionados Rafael Rosa, Joe Carollo y Miguel Gabela respaldaron la iniciativa mientras Christine King y Damián Pardo rechazaron la misma.
La resolución llegó tras extensas horas de declaración de personas y grupos que expresaban su inquietud por cómo este tipo de alianza podría afectar a una urbe donde alrededor del 60% de la población es extranjera y el 70% tiene raíces hispanas.
Manny aseguró que los tres efectivos escogidos recibirán una formación especial de 40 horas antes de integrarse a los cuerpos operativos de ICE. Sin embargo, destacó que cuando los tres policías no estén operando con ICE seguirán cumpliendo misiones regulares como agentes del orden público dentro de la ciudad.
El oficial en su discurso intentó calmar las inquietudes de muchos activistas y defensores de derechos humanos sobre un posible descontento hacia la labor de la policía en el área metropolitana y en su lugar siga incrementando el temor de las personas por las masivas detenciones injustificadas de inmigrantes para su posible deportación.
Los comisionados que apoyan el convenio defienden su criterio basándose en evitar penalizaciones financieras por parte del gobierno. Miguel Ángel por ejemplo manifiesta que apoyando esta medida estarían asegurando la inyección de entre 20 y 30 millones de dólares para el desarrollo de la ciudad. “Para poder estar dentro de la ley dentro del estado de la Florida y eso quiere decir que no nos pueden quitar los fondos que equivalen a 20 ó 30 millones que yo he luchado duro para ir a Tallahassee a luchar esos fondos para hacer proyectos en mi distrito de carreteras”, comentó Gabela.
Sus dos cómplices, Rosado y Carollo, que también reforzaron el pacto con ICE hicieron mención al tema económico que hay detrás del mismo el cual no debe ser menospreciado por la ciudad al tratar de no estar conformes con las normativas estatales.
En contraste, los comisionados opuestos a este convenio señalaron los peligros éticos y sociales que este representa. Las organizaciones sociales abogan por que los derechos de los inmigrantes sostienen que se está fracturando la unidad de la comunidad por recibir beneficios económicos y que el temor hacia las fuerzas del orden podría ser más sólida en los grupos desprotegidos.
El defensor de Family Action Network Movement, Paul Namphy ante este fenómeno manifestó preocupado: “Florida se beneficia de la diversidad y la resiliencia de las comunidades inmigrantes de Haití, de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, Colombia, El Caribe, América Latina y más allá. Hay las cicatrices morales de dividir familias y enviar a personas queridas al peligro en sus países de origen, pero estos esfuerzos de deportar a nuestras comunidades también van a destruir la economía de la Florida”.
La controversia revela una fractura significativa en Miami: por un lado, está la urgencia de acatar las normativas estatales y garantizar financiamiento, y por el otro, el deseo de resguardar a las comunidades migrantes que han sido, a lo largo del tiempo, una parte esencial del entramado social y económico local.
A pesar de los esfuerzos de Morales por suavizar la situación al enfatizar el aspecto técnico y restringido de la intervención policial, las críticas persisten. Para un gran número de personas, el mero acto de trabajar junto a ICE simboliza una traición a los principios de una ciudad construida por inmigrantes.
