El congresista republicano Mario Díaz-Balart lanzó una firme advertencia a los represores del régimen cubano, asegurando que no serán bienvenidos en Estados Unidos y que enfrentarán consecuencias si intentan establecerse en el país mediante el fraude o el ocultamiento de su pasado represivo.
Las declaraciones del legislador de origen cubano se produjeron tras la reciente deportación de Daniel Morejón García, un exfuncionario del Ministerio del Interior (MININT) vinculado con actos represivos durante las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Morejón habría ingresado a EE.UU. mediante el parole humanitario, ocultando su vinculación con el aparato represivo del régimen.
“El presidente Trump se comprometió a hacer cumplir el Estado de derecho, y esta deportación es otro ejemplo de que está cumpliendo con esa promesa. Los esbirros del régimen no tienen cabida en Estados Unidos”, dijo Díaz-Balart en su cuenta de X.
Además celebró la expulsión como “un acto de justicia” y una victoria para la seguridad nacional estadounidense. «Es un acto de justicia en nombre de los miles de cubanos inocentes que continúan sufriendo bajo este régimen y que aún permanecen encarcelados injustamente», expresó el congresista.
Esta medida se enmarca en un contexto más amplio de endurecimiento migratorio. Desde la proclamación firmada por el expresidente Donald Trump el pasado 5 de junio, Estados Unidos ha incrementado los controles sobre solicitantes de visado procedentes de siete países, entre ellos Cuba. La Embajada estadounidense en La Habana ahora rechaza solicitudes de entrada a personas con vínculos recientes con el Partido Comunista, el MININT, las Fuerzas Armadas Revolucionarias o cualquier otra institución estatal represiva.
Asimismo, Washington ha impuesto sanciones específicas a altos funcionarios del régimen cubano. El propio presidente Miguel Díaz-Canel y su núcleo familiar tienen prohibido el ingreso a territorio estadounidense, debido a su presunta responsabilidad en violaciones de derechos humanos. “Estas decisiones envían un mensaje claro: no habrá impunidad para quienes han oprimido al pueblo cubano”, afirmó Díaz-Balart, quien lleva años abogando por sanciones más severas contra el régimen de La Habana y sus cómplices.
Daniel Morejón García fue un funcionario activo del régimen cubano, estrechamente vinculado al Ministerio del Interior (MININT) y al Partido Comunista de Cuba (PCC). En su país, se desempeñó como presidente del Consejo de Defensa en Artemisa, una estructura clave para la represión y el control político local. Durante su gestión, también formó parte de las Brigadas de Respuesta Rápida, participando directamente en actos violentos contra manifestantes pacíficos durante el estallido social del 11 de julio de 2021 (11J). Según testimonios, estuvo involucrado en la golpiza al ciudadano Armando Martínez Luis, quien posteriormente fue condenado a prisión.
Además de su rol represivo, Morejón trabajó como director de una fábrica de piensos en Las Cañas, manteniendo vínculos con la Seguridad del Estado y con el conglomerado militar GAESA, lo que le otorgaba poder político y económico dentro del sistema cubano.
En 2023, Morejón ingresó a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, ocultando su historial político y su participación en la represión del 11J. Su presencia en el país fue denunciada por miembros del exilio cubano, lo que derivó en una investigación por parte de las autoridades migratorias. Fue arrestado en Miami en julio de 2025 y posteriormente deportado tras comprobarse que había mentido en su solicitud de entrada, violando las leyes migratorias de EE.UU.
El caso de Morejón reavivó el debate sobre la necesidad de filtros más estrictos en los programas humanitarios, especialmente para evitar que represores del régimen cubano encuentren refugio en territorio estadounidense. La comunidad cubanoamericana en Florida ha recibido con agrado estas acciones, considerándolas un paso necesario para proteger a las verdaderas víctimas del castrismo.
Organizaciones del exilio han expresado su apoyo a la política de filtrado migratorio, al tiempo que exhortan a las autoridades a continuar investigando posibles casos de represores que hayan ingresado de manera encubierta.
