Donald Trump refuerza su política migratoria esta vez con la firma de una orden contra las jurisdicciones santuario

Foto: Cuba en Miami

El presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a consolidar su postura antiinmigrante con la firma de un nuevo decreto que desafía a lo que se conoce como jurisdicciones santuario que no son más que ciudades y estados que restringen sus colaboraciones con las autoridades migratorias federales.

Con la firma de esta orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia para que confeccionen y actualicen un listado de estas jurisdicciones. Las organizaciones que formen parte de este grupo podrían estar sujetas a la detención de algunos financiamientos federales y podrían enfrentar consecuencias legales si no se ajustan al cumplimiento riguroso de las normativas migratorias a nivel federal.


En el transcurso de los siguientes 30 días, se publicará un listado exhaustivo de las entidades estatales y locales que impidan el trabajo federal relacionado con la inmigración, especifica la orden.

El reglamento igualmente insta a llevar a cabo un examen más minucioso de la elegibilidad de los habitantes de estas zonas para poder acceder a los beneficios públicos que reciben financiamiento del gobierno federal. La acción de Trump se respaldó de una idean planeada que pretendía fortalecer la narrativa de que los inmigrantes sin papeles constituyen un riesgo para la seguridad del país.

El lunes, el área norte del Jardín de la Casa Blanca se adornó con enormes pancartas que mostraban imágenes similares a las de registros policiales de individuos supuestamente en condición migratoria irregular, imputados por crímenes como homicidio, violación y abuso sexual de menores, destacando la palabra «Arrestado» en letras mayúsculas.

La llegada de la orden ocurre en un instante que tiene gran importancia simbólica para la administración de Trump, que se aproxima a completar sus primeros 100 días en este nuevo período. Reconociendo la importancia que tiene el tema de inmigración el mandatario decidió fomentar una de sus demandas para la presidencia.


El lunes, la administración comunicó que durante el fin de semana se llevaron a cabo cerca de 800 detenciones de inmigrantes en una operación extensa en Florida, como parte de su campaña a nivel nacional.

La norma vuelve a poner en el debate tanto nacional como internacional en cuanto a los derechos que poseen los inmigrantes y el carácter humanitario de estas medidas. Además de la normativa contra las ciudades santuario, Trump emitió una nueva orden ejecutiva que requiere que los choferes de camiones que trabajan en Estados Unidos prueben su habilidad en el idioma inglés. Esto busca, según sus declaraciones, «la seguridad vial y la correcta interpretación de señales y regulaciones».

La dirección considera que este requisito es imperativo y esencial para salvaguardar a todos los ciudadanos estadounidenses. Sindicatos de trabajadores y defensores de derechos civiles consideran que estas políticas constituyen barreras en el empleo y van en contra de las comunidades latinas y de habla hispana.

La mirada de la Casa Blanca va directo a aquellas jurisdicciones que tienen mano blanda en cuanto a la implementación de medidas antiinmigrantes, lo que abarca además las renuncia a cooperar con los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la materialización de los arrestos de inmigrantes.

Con estas directivas, Trump establece sin lugar a dudas que su gobierno persistirá en el uso de su autoridad ejecutiva para implementar una política migratoria que penaliza la oposición de los estados y considera a los inmigrantes como delincuentes, incluso en situaciones donde exista protección legal o el derecho a residir por un período extendido.

Las acciones ratificadas en estos días no solo impactan de manera instantánea la existencia de miles de individuos, sino que trazan el camino de una estrategia migratoria fundamentada en la confrontación, la percepción pública y un estricto control gubernamental.

Una dirección que, afirman diversos especialistas, podría acentuar las divisiones dentro de la nación y generar una mayor tensión entre el gobierno central y las administraciones locales que eligen oponerse.


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