En un nuevo intento por recrudecer la política migratoria el presidente de Estados Unidos, Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que le permita a su gobierno deportar a los inmigrantes indocumentados a terceros países, entre ellos Sudán del Sur, lo cual ha generado un gran debate entre las organizaciones proinmigrantes y los defensores de los derechos humanos.
La acción se fundamenta en una regulación implementada después de que Trump regresara a la presidencia, la cual autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a deportar a migrantes a países terceros sin necesidad de aviso previo, ni la opción para que los implicados puedan argumentar el riesgo de ser perseguidos, torturados o enfrentarse a la muerte en esos lugares de destino.
La cuestión política ha resurgido en el debate público últimamente, luego de que el gobierno decidiera enviar a múltiples migrantes detenidos a Sudán del Sur, una nación marcada por la guerra civil y conflictos étnicos. Documentos judiciales indican que los detenidos carecieron de una oportunidad genuina para impugnar su traslado o comunicarse con sus abogados, ya que todo el procedimiento ocurrió fuera del horario laboral habitual.
Brian Murphy quien es un juez federal que nombró el expresidente Joe Biden en marzo pasado bloqueó esta medida argumentando que la deportación sin aviso previo y la imposibilidad de que un abogado los represente contraviene el derecho y las garantías de los procesos. “Fue imposible para estas personas tener una oportunidad significativa de oponerse a su traslado a Sudán del Sur”, manifestó el magistrado.
En una decisión reciente, el juez estableció que los funcionarios están obligados a avisar a los migrantes con un mínimo de 72 horas de anticipación antes de las entrevistas para argumentar temor creíble. Además, aquellos que no sean evaluados como en riesgo tendrán un plazo adicional de 15 días para solicitar la reapertura de sus casos.
El gobierno del presidente republicano llevó el asunto a la Corte Suprema alegando que la medida judicial pone en riesgo la política exterior del país y obstaculiza las expulsiones de personas no gratas en Estados Unidos. Durante su exposición, el Gobierno afirmó que enfrenta la difícil decisión de optar por mantener a los prisioneros en bases militares en el exterior, lo que podría afectar sus relaciones diplomáticas, o repatriarlos a Estados Unidos.
“El país enfrenta una crisis de inmigración ilegal, en gran parte porque muchos extranjeros que más merecen ser expulsados son también los más difíciles de remover”, dijo el Departamento de Justicia en la apelación. Por otro lado, Trump ha sostenido que su estrategia incluye acciones para asegurar que aquellos que son deportados no enfrenten torturas, lo que incluye presuntas “garantías diplomáticas” ofrecidas por las naciones que los reciben.
La tensión se incrementó tras las informaciones de CNN sobre la intensión de la administración de Trump de enviar inmigrantes hacia países como Arabia Saudita o Libia. El ministerio de Relaciones Exteriores de este último país rechazó tener un convenio con EE.UU en ese sentido. Además la Corte de Apelaciones del Primer Circuito se opuso a la decisión de Murphy advirtiendo de peligros en detrimento irreversible por deportaciones incorrectas.
Grupos defensores de los derechos humanos y de los inmigrantes rechazaron la decisión de Trump y advirtieron que viola los tratados internacionales en materia de inmigración como la Convención contra la Tortura que prohíbe el traslado de migrantes a países donde corren riesgos de recibir tratos inhumanos.
El 25 de mayo el gobierno afirmó que había enviado un vuelo con migrantes deportados hacia Sudán del Sur y dos de ellos eran de nacionalidad cubana. Según las autoridades los ocho pasajeros contaban con serios antecedentes criminales entre los cuales se destacan, asesinatos, robos con violencia entre otros.
Destacaron que el viaje se realizó en un avión militar y que los migrantes no contaron con información sobre su destino final, ni tampoco se les permitió una oportunidad para apelar a esta decisión de deportación.
Según informantes relacionados con el asunto, los cubanos implicados fueron retirados de instalaciones de detención migratoria en horas de la madrugada y trasladados sin posibilidad de contacto, lo que contraviene normas judiciales actuales y convenios internacionales destinados a salvaguardar a personas en situaciones vulnerables.
