El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció la inminente deportación del ciudadano cubano Robert Santiesteban, arrestado recientemente en Nueva Orleans y acusado de múltiples delitos graves, en el marco de una nueva fase de endurecimiento de la política migratoria federal impulsada por la administración Trump.
Santiesteban, quien residía en EE.UU. sin estatus legal permanente, enfrentaba condenas previas por tráfico de drogas, posesión ilegal de armas de fuego y robo de servicios, todos considerados crímenes agravados bajo la legislación estadounidense. ICE catalogó su caso como prioritario para deportación inmediata, remarcando en un comunicado: “Él lo llamaba traficar. Nosotros lo llamamos billete de ida”, en clara señal de la postura intransigente del gobierno frente a inmigrantes con antecedentes criminales.
Parte de una estrategia nacional de deportaciones selectivas
Este caso se enmarca en la política de “cero tolerancia” hacia inmigrantes con historial delictivo, reforzada desde el retorno de Donald Trump a la presidencia. Su administración ha intensificado los operativos contra extranjeros con antecedentes penales, aun si estos han cumplido condenas o han permanecido años en el país.
Según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las operaciones se concentran especialmente en aquellos migrantes con órdenes finales de deportación o con condenas por delitos relacionados con drogas, violencia o armas. “Estamos priorizando la seguridad pública”, sostuvo un vocero de ICE, subrayando que se trata de «delincuentes reincidentes con un patrón claro de actividad ilegal».
Además de Santiesteban, otros dos ciudadanos cubanos quedaron detenidos en la última semana por delitos similares, y se encuentran en proceso de remoción acelerada.
Deportaciones de cubanos enfrentan obstáculos diplomáticos
Pese al aumento de órdenes de deportación, EE.UU. enfrenta serias dificultades para ejecutar expulsiones hacia Cuba debido a la negativa de La Habana a recibir a sus nacionales deportados. Como resultado, ICE ha comenzado a desviar algunos vuelos hacia terceros países que aceptan recibirlos temporalmente, como Sudán del Sur, Esuatini y México. Estas deportaciones indirectas han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que denuncian falta de garantías y riesgo de apatridia o detención prolongada.
En lo que va del 2025, más de 100 cubanos han sido deportados desde EE.UU., según cifras oficiales. No todos han sido trasladados directamente a la isla. En muchos casos, ICE ha recurrido a acuerdos bilaterales o mecanismos temporales con otras naciones, lo que ha generado una compleja red diplomática para resolver estos procesos.
Cifras crecientes y presión sobre la comunidad migrante
Actualmente, más de 42,000 ciudadanos cubanos tienen órdenes finales de deportación activas en Estados Unidos, según datos del DHS. Aunque no todos los casos son prioritarios, el repunte en las acciones de ICE refleja una voluntad política de acelerar los procedimientos de remoción, especialmente contra personas con antecedentes penales.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han advertido sobre la falta de acceso adecuado a representación legal, condiciones de detención deficientes y procedimientos acelerados sin el debido proceso. Algunos abogados de inmigración denuncian que muchos de estos migrantes son detenidos sin previo aviso durante citas rutinarias o redadas selectivas.
Esta política se ha reforzado con la reciente implementación de la Ley Laken Riley, que obliga a la detención sin derecho a fianza de inmigrantes acusados de delitos graves, y con la Operación Safeguard, una campaña de arrestos masivos en ciudades santuario. Ambas iniciativas forman parte de una estrategia nacional para endurecer el control migratorio y acelerar los procesos de expulsión.
Uno de los focos más intensos de estas detenciones es el sur de Florida, donde fue habilitado el nuevo centro de detención Alligator Alcatraz, que ya ha albergado a decenas de cubanos. El centro ha sido objeto de críticas por las condiciones carcelarias y la prolongada detención de migrantes sin fecha definida de deportación.
Además, el fin del programa de parole humanitario y TPS para ciudadanos cubanos ha dejado a más de 26,000 personas expuestas a la deportación, muchas de ellas sin antecedentes penales pero afectadas por cambios administrativos o vencimientos de sus permisos migratorios.
Aunque el gobierno federal sostiene que las deportaciones apuntan a proteger la seguridad pública, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por la falta de acceso a representación legal, las deportaciones a países peligrosos y el creciente número de cubanos atrapados en un limbo legal.
¿Qué puede esperar la comunidad cubana?
La comunidad cubana en EE.UU., históricamente protegida por normativas migratorias particulares como la Ley de Ajuste Cubano, enfrenta ahora un entorno más hostil. Aunque algunos aún logran acceder a vías legales de regularización, los casos con antecedentes penales han quedado prácticamente excluidos de cualquier forma de alivio migratorio.
La negativa del régimen cubano a aceptar deportados —una política sostenida intermitentemente desde 2017— ha generado tensión diplomática y ha convertido a cientos de migrantes en «atrapados» dentro del sistema de detención, sin opción clara de repatriación o permanencia legal.
Mientras tanto, la administración Trump continúa destinando recursos adicionales a ICE y al sistema judicial migratorio, con campañas de reclutamiento, operativos de inteligencia y nuevas prioridades en su agenda migratoria. Para muchos migrantes, especialmente los que cuentan con antecedentes, el mensaje es claro: la deportación es inminente, y la segunda oportunidad, improbable.
Contexto en cifras (2025):
- +42,000 cubanos con órdenes finales de deportación
- +100 cubanos deportados en lo que va del año
- Deportaciones indirectas hacia: Sudán del Sur, Esuatini, México
- Cuba sigue rechazando la mayoría de los vuelos de repatriación desde EE.UU.
