
La reciente denuncia de una brutal golpiza contra el líder opositor cubano José Daniel Ferrer en prisión ha provocado una contundente reacción del Gobierno de Estados Unidos y de varios congresistas, quienes exigieron pruebas de vida y la intervención urgente de una misión médica internacional.
José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y uno de los disidentes más reconocidos de la isla, se encuentra encarcelado desde el pasado 29 de abril. Según denuncias de su familia, está sometido a régimen de aislamiento absoluto, sin acceso a llamadas ni visitas, y ha iniciado una huelga de hambre para protestar por las condiciones infrahumanas en las cárceles cubanas. Entre las razones de su protesta, Ferrer señala la mala calidad de los alimentos, el agua contaminada y el hambre extrema que padecen los presos comunes.
La denuncia de la golpiza fue realizada por su hermana, Ana Belkis Ferrer, quien aseguró que la agresión fue premeditada. Según su testimonio, las autoridades trasladaron a reclusos comunes violentos desde la prisión de Boniato hasta Mar Verde para agredir a su hermano, en lo que califica como un intento deliberado del régimen para silenciarlo o incluso provocar su muerte.
La noticia generó rápidas reacciones en Washington. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado condenó “la violencia y la represión sistemática” del régimen cubano y exigió acceso inmediato a Ferrer por parte de una misión médica y humanitaria independiente. Asimismo, subrayó que supuestas liberaciones de presos políticos anunciadas por el gobierno cubano son gestos “de mala fe” destinados a mejorar su imagen internacional mientras continúan los abusos.
El senador Rick Scott (republicano por Florida) calificó la golpiza como un acto de brutalidad que demuestra “la verdadera naturaleza sanguinaria del régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel”. Scott advirtió que “el mundo observa y no olvidará los abusos cometidos contra Ferrer y contra todos los cubanos que luchan por su libertad”, y urgió a la comunidad internacional a actuar de manera inmediata y exigir que se permita una visita humanitaria para determinar si el preso político sigue vivo.
Por su parte, la congresista María Elvira Salazar (republicana por Florida) calificó el ataque contra Ferrer como “un acto de barbarie” y responsabilizó directamente a las autoridades cubanas de la integridad física y la vida del disidente. Salazar hizo un llamado para que se imponga la máxima presión internacional contra el gobierno de la isla. “Ya basta de tibieza. Es hora de que el mundo condene a estos matones y aplique máxima presión”, escribió la política cubanoamericana en X.
José Daniel Ferrer, de 53 años, es una de las figuras más relevantes de la disidencia interna cubana. Ha sido encarcelado en múltiples ocasiones, entre ellas durante la Primavera Negra de 2003 y tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Tras su liberación, Ferrer fundó la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), una de las organizaciones opositoras más activas y visibles dentro de la isla, centrada en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia.
Desde 2011, Ferrer ha sido detenido en numerosas ocasiones por actividades políticas, protestas pacíficas o por organizar manifestaciones. En varias de estas detenciones denunció golpizas y condiciones de reclusión inhumanas. Su caso se ha convertido en un símbolo de la represión política en Cuba y en un punto de tensión constante entre La Habana y Washington.
La situación actual del opositor, en huelga de hambre y presuntamente golpeado en prisión, ha encendido nuevamente las alarmas sobre el respeto a los derechos humanos en Cuba. Organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han denunciado de manera reiterada el uso de la violencia, el aislamiento y las torturas como mecanismos de castigo y control contra voces críticas en la isla.
Mientras tanto, la familia de Ferrer teme por su vida y exige al gobierno cubano que permita conocer su estado de salud. La comunidad internacional sigue atenta, con la incertidumbre de si el régimen permitirá verificar las condiciones del disidente o si persistirá el hermetismo que rodea su situación.