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La administración del presidente Donald Trump ha ordenado un amplio despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe como parte de una ofensiva directa contra los cárteles latinoamericanos del narcotráfico, recientemente designados por el gobierno estadounidense como “organizaciones terroristas globales”.
La medida, confirmada por fuentes militares y diplomáticas, busca golpear las rutas marítimas y aéreas utilizadas por el crimen organizado, a la vez que refuerza el control de fronteras y la seguridad nacional en un momento de creciente tensión en la región.
“Este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región”, dijo una fuente en condición de anonimato.
Un frente estratégico en la política antidrogas y migratoria
De acuerdo con altos funcionarios de seguridad, la operación no se limita al combate contra el narcotráfico. Forma parte de un plan integral que vincula la lucha contra el crimen organizado con las políticas migratorias restrictivas implementadas por el actual gobierno.
En la visión de la Casa Blanca, el tráfico de drogas y la violencia que generan estos grupos son factores clave que alimentan la migración irregular desde América Latina hacia Estados Unidos. Por ello, el combate frontal a estas redes criminales se presenta como una forma indirecta de frenar la presión migratoria sobre la frontera sur.
El Pentágono recibió instrucciones de preparar opciones operativas específicas, lo que abre la puerta a acciones militares de mayor alcance, como interdicciones en alta mar, operaciones de inteligencia conjunta y apoyo a gobiernos aliados en tareas de vigilancia y patrullaje.
Como parte de esta renovada estrategia, el Pentágono ha intensificado el despliegue de drones de vigilancia en espacios aéreos de México y Venezuela, con el objetivo de identificar rutas de narcotráfico, monitorear movimientos de grupos armados y recopilar inteligencia en tiempo real. Estas operaciones, que antes se desarrollaban de forma más limitada y bajo estricto control civil, ahora cuentan con un alcance y una frecuencia mucho mayores, consolidando la presencia militar estadounidense en escenarios internacionales sensibles.
Refuerzo militar sostenido y señales de disuasión
Este movimiento no es aislado. En los últimos meses, Estados Unidos ya había incrementado su presencia en la región con el envío de al menos dos buques de guerra adicionales, aeronaves de patrullaje marítimo y sistemas de vigilancia avanzada.
Según analistas militares, este despliegue cumple también una función disuasoria, enviando un mensaje claro a los grupos criminales y a gobiernos que, a juicio de Washington, no actúan con suficiente firmeza contra el narcotráfico. Las operaciones se coordinarán con aliados regionales, especialmente países del Caribe y América Central, aunque no todos los gobiernos han manifestado abiertamente su apoyo.
Desde que retomó las riendas de la presidencia, Donald Trump ha impulsado una estrategia sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico: permitir que el Ejército estadounidense actúe más allá de sus fronteras para enfrentar directamente a los cárteles. La medida marca un giro drástico en la política de seguridad, al situar a las Fuerzas Armadas como protagonistas no solo en la defensa nacional, sino también en operaciones ofensivas en el exterior.
De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, la orden ejecutiva otorga a los militares atribuciones que hasta ahora eran exclusivas de agencias federales civiles. Entre ellas figuran la persecución, captura e incluso la neutralización de presuntos miembros de organizaciones criminales, acciones que refuerzan el papel del Ejército en un terreno históricamente ajeno a su jurisdicción.
Cárteles designados como “terroristas globales”
La designación de cárteles como “Foreign Terrorist Organizations” (FTO, por sus siglas en inglés) implica consecuencias legales y operativas significativas:
Permite a EE.UU. aplicar sanciones financieras internacionales más severas.
Autoriza acciones militares y de inteligencia más agresivas, incluso fuera de su territorio.
Criminaliza cualquier apoyo material o logístico a dichos grupos.
Aunque la lista oficial no se ha revelado por completo, fuentes cercanas indican que incluiría organizaciones con fuerte presencia en México, Colombia y Venezuela, conocidas por controlar rutas de cocaína y marihuana hacia Norteamérica y Europa.
Antecedentes históricos en el Caribe
Este no es el primer despliegue de gran escala en el mar Caribe por parte de Estados Unidos. Operaciones como “Martillo” (Operation Martillo) en 2012 y otras acciones de la Cuarta Flota han buscado interrumpir el flujo de drogas desde Sudamérica. Sin embargo, la diferencia actual radica en la clasificación de estos grupos como terroristas, lo que eleva el nivel de confrontación y el marco legal para actuar.
En los años 80 y 90, el Caribe también fue escenario de intensas operaciones contra el narcotráfico, especialmente contra rutas utilizadas por carteles colombianos antes de que desplazaran sus envíos hacia México.
Posibles repercusiones diplomáticas y regionales
El despliegue podría generar tensiones con gobiernos que ven la medida como una militarización de la lucha antidrogas. Países como Venezuela han denunciado previamente operaciones similares como “provocaciones” o actos de injerencia, mientras que aliados cercanos como República Dominicana podrían ofrecer cooperación logística.
El gobierno de México ha expresado abiertamente su desacuerdo con este tipo de acciones unilaterales por parte de Washington, alertando que podrían sentar un precedente peligroso hacia una posible intervención directa en su territorio. Las autoridades mexicanas han reiterado que la cooperación en materia de seguridad debe regirse por el respeto a la soberanía nacional y por mecanismos bilaterales previamente establecidos, y no por decisiones impuestas desde el extranjero.
Especialistas advierten que, aunque estas operaciones pueden reducir temporalmente la actividad de los cárteles en ciertas rutas, la experiencia demuestra que las organizaciones criminales suelen adaptarse desplazando sus operaciones a otras zonas o diversificando sus métodos.
Un nuevo capítulo en la seguridad hemisférica
La ofensiva en el sur del Caribe se enmarca en una estrategia de seguridad hemisférica más agresiva, donde el control del narcotráfico se presenta como parte de un tablero más amplio que incluye la lucha contra la inmigración irregular, el combate a la corrupción en gobiernos vecinos y la defensa de rutas marítimas estratégicas.
En este contexto, el mar Caribe se consolida como un escenario clave no solo para las operaciones antidrogas, sino para la proyección militar y política de Estados Unidos en América Latina.
