La semana pasada, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó la ley HB 915, que busca prevenir el fraude notarial y salvaguardar a los inmigrantes, incluso a aquellos que se encuentran en situación irregular, de posibles abusos en el ámbito legal.
En un sorprendente movimiento de su política migratoria alineada a la de Donald Trump el político firmó la HB 915 que ofrece más resguardo a los inmigrantes, entre ellos los que no cuentan con documentos legales, que necesitan documentos legales para regularizar su situación migratoria.
La nueva regulación, que comenzará a aplicarse el 1 de julio de 2025, impide que los notarios públicos sin la correspondiente licencia de abogado promocionen o proporcionen servicios legales relacionados con la inmigración. Esta práctica ha sido severamente criticada por diversas organizaciones comunitarias, que la identifican como una vía común de fraudes y maltratos.
La HB 915, denominada “Ley de publicidad de servicios de representación” establece que los notarios públicos que no son abogados deben insertar el siguiente aviso en sus lugares de trabajo y sus anuncios: “No soy abogado con licencia para ejercer la abogacía y no puedo dar asesoramiento legal ni aceptar honorarios por asesoramiento legal. No estoy acreditado para representarlo en asuntos de inmigración”.
También la normativa exige que se les impide emplear frases confusas como «experto en inmigración» o «ayudante de inmigración», teniendo en cuenta que estas pueden llevar a la confusión a los individuos que en sus respectivos países tienden a vincular a los notarios con asuntos legales más generales.
Asimismo, se establece un procedimiento legal que permite a las personas afectadas por estos fraudes presentar reclamaciones por daños y perjuicios, abarcando la recuperación de gastos legales en litigios civiles. La ratificación de esta legislación ha sido conmemorada por grupos a favor de la inmigración. Así lo expresó el consultor de políticas de la Florida Immigrant Coalition, al Miami Herald, Thomas Kennedy cuando dijo: “Es un paso en la dirección correcta”.
Igualmente mencionó que las personas se encuentran en una situación de mayor desesperación que en cualquier otro momento para regularizar su situación lo cual aumenta su riesgo de ser objeto de maltrato.
Kennedy detalló que el problema del fraude notarial se ha vuelto particularmente serio en el centro y sur de Florida, donde individuos que carecen de licencia legal explotan la falta de información y la prisa de muchos inmigrantes, exigiéndoles grandes cantidades de dinero por procedimientos defectuosos que pueden culminar, en los peores escenarios, en deportaciones.
La iniciativa legislativa fue impulsada en la Cámara por las demócratas Johanna López y Marie Paul Woodson, mientras que en el Senado contó con el apoyo de la senadora Tina Polsky. Su aprobación recibió un fuerte respaldo de ambos partidos, con la excepción del voto en contra del representante republicano Kiyan Michael, de Jacksonville.
Michael, un firme opositor de la inmigración sin autorización, ha revelado de manera abierta que su hijo perdió la vida en un accidente causado por un inmigrante que ya había sido deportado en dos ocasiones.
No obstante, hasta los grupos más conservadores y religiosos respaldaron la nueva legislación como es el caso de Michael Sheedy, director ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida el cual subrayó: “Aquellos inmigrantes que buscan integrarse en el sistema contarán con una mayor protección contra el fraude. Esto beneficia a todos”.
Florida se encuentra entre los estados estadounidenses con la más alta cantidad de inmigrantes, junto a California y Texas. No obstante, en años recientes, ha emergido como un centro de normativas migratorias limitativas, tanto a nivel estatal como nacional.
Mediante operativos realizados en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, la imposición de barreras laborales y la escasa disponibilidad de asistencia legal, muchas personas se encuentran en una situación de inminente deportación. En este escenario, iniciativas como la HB 915 no solo ofrecen defensa contra el abuso, sino que también reflejan un reconocimiento por parte de la ley acerca de la fragilidad inherente a la situación de los inmigrantes. “No es un cambio radical, pero al menos esta vez, el sentido común prevaleció”, concluyó Kennedy.
