Funcionarios de la administración Trump consideran una regla impediría otorgar permisos de trabajo a solicitantes de asilo en EE.UU

Un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos está en consideración, y podría modificar radicalmente el acceso de los solicitantes de asilo al trabajo legal en el país según un reporte de CBS News. Desde la década de 1990, los solicitantes de asilo han tenido la posibilidad de obtener permisos de trabajo mientras sus casos se resuelven, pero una propuesta reciente del gobierno de Trump amenaza con suspender esta práctica, generando preocupación entre defensores de los derechos humanos y expertos en inmigración.

Desde hace más de 30 años, la ley de inmigración de Estados Unidos permite que las personas que solicitan asilo puedan acceder a un permiso de trabajo legal mientras esperan la resolución de sus casos. Esta medida propuesta por funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) busca, principalmente, evitar que los solicitantes dependan exclusivamente de la asistencia gubernamental y promover su autosuficiencia en el país.

Actualmente, bajo las regulaciones vigentes, los solicitantes de asilo son elegibles para obtener un permiso de trabajo una vez que su caso ha estado pendiente por al menos 180 días (seis meses). Este plazo busca equilibrar la necesidad de controlar el sistema migratorio con el respeto a los derechos de quienes buscan protección.

La propuesta bajo consideración por la administración Trump implica una suspensión indefinida de los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo hasta que las autoridades puedan procesar todos los casos en un promedio de 180 días. Además, incluso si se alcanza esta meta, el periodo de espera para obtener el permiso de trabajo se extendería de seis meses a un año.

Esta medida representa un cambio drástico en la política migratoria y podría afectar a miles de solicitantes que actualmente dependen de la posibilidad de trabajar legalmente para sostenerse durante el proceso de adjudicación de su estatus. En términos prácticos, esta suspensión significaría que los solicitantes de asilo no podrían acceder a un permiso de trabajo y, por lo tanto, tendrían que depender de terceros o de la asistencia gubernamental para subsistir mientras esperan una decisión sobre su caso, lo que podría durar años debido a la acumulación de casos y retrasos en el sistema.

«Durante los cuatro años anteriores, la administración Biden evisceró la integridad del sistema de asilo de Estados Unidos. El Departamento está explorando todas las opciones posibles para proteger nuestra seguridad nacional y aumentar la integridad del programa. El DHS está trabajando para mitigar todas las formas de fraude y abuso», dijo el DHS en un comunicado.

La administración Trump justifica esta propuesta afirmando que busca prevenir abusos en el sistema de asilo y reducir el número de solicitantes que podrían estar utilizando el permiso de trabajo para ingresar ilegalmente al mercado laboral. En este sentido, consideran que la suspensión ayudará a controlar mejor el flujo migratorio y a garantizar que solo quienes tengan casos legítimos puedan trabajar legalmente.

Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones humanitarias han expresado fuertes preocupaciones sobre las consecuencias de esta medida. Señalan que la suspensión de permisos de trabajo podría empujar a los solicitantes de asilo hacia empleos ilegales, inseguros y mal remunerados, incrementando su vulnerabilidad y exponiéndolos a la explotación laboral.

Además, este cambio podría aumentar la dependencia de los solicitantes en redes de apoyo informales o en la asistencia gubernamental, contraviniendo el objetivo original de promover la autosuficiencia y la integración económica de estas personas en la sociedad estadounidense.

La política migratoria restrictiva también se refleja en acciones de las autoridades migratorias, que han endurecido la aplicación de las leyes contra quienes se encuentran en el país sin autorización legal. Un ejemplo reciente es el caso de un joven de 18 años en Massachusetts, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras buscaban a su padre.

Este adolescente, que ha vivido en Estados Unidos durante aproximadamente 13 años y no tiene antecedentes penales, fue arrestado a pesar de características que normalmente disuadirían a las autoridades de proceder con una detención. Este tipo de acciones evidencian la política de tolerancia cero hacia cualquier persona en situación migratoria irregular, sin importar su historial o circunstancias particulares.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema de asilo en Estados Unidos es la acumulación masiva de casos pendientes, lo que genera retrasos significativos en la adjudicación de solicitudes. Esta realidad hace que la meta planteada por la administración Trump —procesar todos los casos en un promedio de 180 días— sea poco realista en el corto plazo.

Los retrasos prolongados afectan directamente a los solicitantes, quienes deben esperar largos períodos sin poder trabajar legalmente si la propuesta se aprueba, aumentando la incertidumbre y el riesgo de caer en situaciones precarias.

Si esta norma se implementa, se espera que tenga un impacto profundo en la vida de los solicitantes de asilo y en la dinámica del mercado laboral informal en Estados Unidos. La imposibilidad de acceder a un empleo legal podría llevar a un aumento en el trabajo clandestino, situaciones de explotación y mayores riesgos para la seguridad y bienestar de estas personas.

Por otro lado, la medida también podría generar un efecto disuasorio para quienes consideran solicitar asilo, modificando así el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Sin embargo, esta estrategia plantea preguntas éticas y legales sobre el respeto a los derechos humanos y el compromiso de Estados Unidos con la protección internacional de refugiados.