
En una decisión crucial, la jueza federal Indira Talwani ha bloqueado la revocación del Parole Humanitario impuesta por la administración Trump. Este fallo es un alivio para miles de beneficiarios de este estatus legal en Estados Unidos, que incluye a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos.
La orden de la jueza significa que el estatus legal de estas personas no expirará el 24 de abril, como se había previsto. Además, sus permisos de trabajo seguirán vigentes, al menos temporalmente. Sin embargo, se anticipa que el gobierno apelará esta decisión, lo que podría dar lugar a una prolongada batalla legal.
El caso se centra en la interpretación de la ley por parte del Departamento de Seguridad Nacional. La jueza Talwani argumentó que la administración Trump había hecho una lectura incorrecta de la ley, lo que llevó a la decisión de revocar el estatus de Parole Humanitario que había sido otorgado por el presidente Biden.
El Parole Humanitario fue implementado por la administración Biden para reducir los encuentros en la frontera, y se basa en la situación crítica de los países de origen de los beneficiarios. Hasta la fecha, aproximadamente 530,000 personas han ingresado a Estados Unidos bajo este programa, de las cuales más de 100,000 son cubanos.
Es importante destacar que el Parole Humanitario ha enfrentado críticas desde su creación, especialmente en cuanto a la verificación de antecedentes y la situación de los patrocinadores. La administración Biden tuvo que pausar el programa debido a estas preocupaciones, antes de que la administración Trump lo cancelara oficialmente el 20 de enero.
La jueza Talwani ha decidido mantener el estatus de Parole mientras se espera una decisión final sobre el caso. La comunidad está a la expectativa de cómo reaccionará el Departamento de Seguridad Nacional y qué medidas adoptará a continuación.
En conclusión, esta decisión representa una victoria temporal para los beneficiarios del Parole Humanitario, quienes ahora pueden continuar viviendo y trabajando en Estados Unidos sin la amenaza inminente de perder su estatus legal.