Una jueza federal decidió el lunes que la administración de Donald Trump no tiene la capacidad de anular de forma inmediata las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo de miles de migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes llegaron legalmente a Estados Unidos a través de un programa instaurado durante la era de Biden.
El 24 de abril, la magistrada de la Corte de Distrito de EE.UU., Indira Talwani, bloqueó los esfuerzos del gobierno de Trump para eliminar el estatus legal de esos inmigrantes. La administración había notificado a los implicados que debían regresar a sus países por su propio pie antes de esa fecha o se arriesgarían a ser arrestados y deportados por las autoridades migratorias.
Sin embargo, la letrada vetó los avisos que la administración Trump había emitido y ordenó que los funcionarios que no anularan la protección legal, una libertad condicional que protege a venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses y que permitió que más de medio millón de personas ingresaran al país después de que Biden la aprobara en enero de 2023.
Talwani mencionó que la eliminación en gran escala de la libertad condicional no podría llevarse a cabo sin la revisión de cada uno de los casos involucrados. «La terminación anticipada, sin ninguna justificación caso por caso, del estatus legal para los no ciudadanos que han cumplido con los programas del DHS y han ingresado legalmente al país socava el estado de derecho», dijo la jueza perteneciente al tribunal federal del distrito de Boston.
La decisión del lunes representa un gran consuelo para quienes llegaron bajo una directriz que, según la administración de Biden, alentaba la inmigración legal y desincentivaba a los migrantes a atravesar la frontera sur de manera ilegal.
A través del programa denominado CHNV, se otorgó la posibilidad de viajar a Estados Unidos a 532.000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes obtuvieron un patrocinio de residentes estadounidenses. Al llegar, se les concedió la libertad condicional de inmigración y se les permitió trabajar de manera legal en los EE. UU. por un período de dos años.
Los representantes del gobierno de Biden señalaron que la política jugó un papel importante en la notoria disminución de los cruces ilegales en la frontera por parte de inmigrantes provenientes de los cuatro países cuyos habitantes podían ser patrocinados. Sin embargo, la ejecución del programa generó controversia.
La decisión de revocar esta medida de Biden se valoró en los estados liderados por republicanos bajo el concepto de que la potestad de libertad condicional no le permitía al gobierno federal recibir esa gran cantidad de migrantes mediante criterios de elegibilidad tan abarcadores.
No obstante, esta iniciativa no estuvo exenta de polémicas entre la propia administración anterior ya que se paralizó varias semanas debido a presuntos incidentes de fraude en los formularios de los patrocinadores que tuvo que investigar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De igual modo no permitieron que las personas que pasaran más de dos años pudieran renovar su libertad condicional alegando que tendrían que emplear otras variantes para regularizar su estatus y permanecer más tiempo en Estados Unidos como el asilo o el estatus de renovación temporal.
Una vez que el actual mandatario, Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero del presente año esta política dejó de funcionar de forma instantánea. Rápidamente se implementaron medidas con el fin de poner fin a este programa sobre la base de que superaban la competencia del presidente. Representantes del gobierno de Trump sostuvieron que entre otras irregularidades de este programa se puede señalar el deficiente análisis de los casos que ingresaron al país.
En el mes anterior, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que otorgaría a los beneficiarios de CHNV un plazo de 30 días para que abandonaran Estados Unidos de manera voluntaria, de lo contrario, procederían con su arresto y deportación. Los oficiales indicaron que concentrarían sus esfuerzos en detener a aquellos migrantes que no hubieran solicitado otro tipo de beneficio migratorio, como asilo o residencia permanente.
Los portavoces del DHS no ofrecieron una respuesta inmediata a las peticiones de comentarios respecto a la decisión judicial emitida el lunes. La decisión representa un nuevo contratiempo judicial para el gobierno de Trump en su intento de eliminar los programas de inmigración establecidos por la administración Biden, los cuales salvaguardan a cientos de miles de inmigrantes de ser deportados.
El mes pasado un juez federal de California vetó la decisión de Trump de terminar con una política de Estatus de Protección Temporal que impide que más de 350.000 venezolanos sean deportados a su país.
