La jueza federal Kathleen Williams del Tribunal del Distrito Sur de Florida ordenó aplazar la suspensión temporal hasta el 29 de abril de la polémica ley SB 4-C de la Florida en un momento de inseguridad en relación a las políticas migratorias que aplica la administración Trump.
La decisión fue consecuencia de la detención sin base legal de Juan Carlos Lopez-Gomez, un joven de 20 años con nacionalidad estadounidense, lo que ha generado una nueva preocupación acerca de las repercusiones de esa regulación.
La legislación SB 4-C propone que el ingreso a Florida sin un estatus migratorio legal sea tipificado como un crimen estatal. Esto implica que cualquier individuo catalogado como “inmigrante indocumentado” que entre al estado podría ser detenido únicamente por ese motivo, sin que sea necesaria la comisión de un delito adicional. En otras palabras, el mero acto de atravesar la línea estatal podría ser suficiente para enfrentar una detención.
Las objeciones hacia la legislación se enfocan en múltiples aspectos importantes: la ausencia de claridad sobre cómo identificar a un extranjero sin autorización, lo que podría facilitar detenciones basadas en características físicas, acentos o prejuicios raciales. Situaciones como la de Juan Carlos Lopez-Gomez, arrestado de manera equivocada, evidencian el riesgo de fallos significativos y transgresiones a los derechos humanos.
Se argumenta, además, que esta normativa sobrepasa las atribuciones federales, dado que la supervisión migratoria ha sido históricamente una responsabilidad del gobierno central, no de las instancias estatales o municipales.
La semana pasada, en el condado de Leon, detuvieron a Juan Carlos Lopez-Gomez, un chico de 20 años originario de Georgia, por oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP). El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenó que se retuviera por 48 horas lo que extendió su detención de manera inapropiada, a pesar de que un juez falló a favor del individuo por no existir fundamentos legales para tenerlo bajo custodia
En la noche del jueves pasado los agentes pusieron en libertad a Juan Carlos quien al salir de la prisión no pudo evitar llorar mientras abrazaba a su madre nuevamente.
En el dictamen que extiende la suspensión temporal la jueza manifestó su preocupación acerca de la eventual “aplicación inconstitucional de la norma”, destacando los peligros de que se produzcan infracciones a los derechos fundamentales como consecuencia de su implementación.
En el transcurso de la sesión, los letrados del Estado sostuvieron que la decisión judicial no obligaba a las fuerzas del orden locales. No obstante, la letrada dejó claro lo siguiente: “El tribunal establece una orden de restricción temporal que impide a los demandados y a sus representantes ejecutar la ley SB 4-C”.
Este año, el legislativo estatal dio su visto bueno a la ley SB 4-C durante una sesión extraordinaria, con el objetivo de reforzar las normativas migratorias en el ámbito estatal. De acuerdo con lo que establece, la entrada ilegal al estado como extranjero no autorizado se clasifica como un delito menor de primer grado.
Esta descripción ha causado numerosas denuncias por fomentar arrestos basados en temas raciales y poner en peligro las garantías que la constitución le otorga a sus ciudadanos. Organizaciones por los derechos civiles han señalado que la legislación facilita arrestos indiscriminados e infringe derechos fundamentales, según lo reportado por el medio mencionado.
La Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida en colaboración con dos mujeres indocumentadas y otras entidades presentaron una querella contra el estado en ese sentido. Varias organizaciones de Florida como la Community Justice Project, Florida Legal Services, Americans for Immigrant Justice y ACLU de Florida están apoyando a los demandantes.
El caso de Lopez-Gomez no es el único suceso vinculado a la materialización de las leyes estadounidenses. Ismael Sales-Luis y Estiven Sales-Perez quien iba manejando el vehículo estaban en el momento que Juan Carlos quedó bajo arresto. Los dos fueron detenidos por la sospecha de ser extranjeros indocumentados. Actualmente, ICE tiene a Sales-Perez bajo su custodia en Tallahassee.
Posteriormente a estas detenciones la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP por sus siglas en inglés) publicó una nota en la que advertían que continuarán cooperando con las fuerzas federales con el afán de cumplir las leyes migratorias dentro de la región, posición que denunciaron defensores de los derechos humanos y activistas.
Nikki Fried, líder del Partido Demócrata en Florida, fue una de las voces más firmes al referirse al arresto de Lopez-Gomez, describiéndolo como un “secuestro” y advirtiendo: “Si esto le pasa a un ciudadano estadounidense, podría sucederle a cualquier persona”.
