El miércoles, una jueza federal determinó que la administración Trump canceló indebidamente la libertad condicional humanitaria, lo que afectó a cientos de miles de personas con permiso para residir temporalmente en Estados Unidos.
Este fallo representa un nuevo obstáculo a las iniciativas del presidente Donald Trump para una deportación generalizada. Sin embargo, podría ser solo un problema a corto plazo, y las consecuencias inmediatas siguen siendo inciertas.
En Boston, la jueza federal de distrito Indira Talwani falló a favor de las personas que ya residían en Estados Unidos y que enfrentaban dificultades para renovar sus permisos temporales. Este fallo se refiere a las regulaciones de libertad condicional que han ofrecido asistencia a afganos, ucranianos, cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y menores de países centroamericanos que buscan reunirse con sus padres en Estados Unidos, entre otros.
Talwani, nominada por el presidente Barack Obama, señaló que dos directivas de los líderes del Departamento de Seguridad Nacional para detener las renovaciones para un examen adicional probablemente no resistirían un escrutinio legal. Afirmó que una de las directivas «carece de justificación racional» para sus decisiones. La «pausa» lleva tres meses en curso; esta pausa equivale esencialmente a una suspensión permanente, afirmó.
A principios de este año, una coalición de ciudadanos e inmigrantes estadounidenses presentó una demanda contra la administración Trump por abolir un mecanismo legal de larga data que permitía a los presidentes otorgar entrada y residencia temporal a personas de países en guerra o en crisis política. Esta iniciativa de libertad condicional humanitaria había permitido el ingreso de 875,000 migrantes con patrocinadores residentes en Estados Unidos.
Trump ha estado cerrando las opciones legales para que los inmigrantes ingresen a Estados Unidos, mientras cumple con sus promesas de campaña de expulsar a millones de personas que residen en el país sin autorización.
La demanda se refiere a ocho inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos antes de que la administración Trump pusiera fin a lo que calificó como un uso indebido generalizado de la libertad condicional humanitaria. Si bien se les permite permanecer en Estados Unidos hasta que finalice su período de libertad condicional, la administración dejó de evaluar sus solicitudes de asilo, visas y otras peticiones que podrían extender su estadía.
Ninguno revela su verdadera identidad por temor a ser deportado. En este grupo se incluyen Maksym y Maria Doe, dos ucranianos; Alejandro Doe, quien escapó de Nicaragua tras el secuestro y tortura de su padre; y Omar Doe, quien pasó más de 18 años colaborando con el ejército estadounidense en Afganistán, su país natal.
