La ciudad de Key West dio un giro significativo en su política migratoria al aprobar un acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permitirá a sus agentes de policía interrogar y arrestar a migrantes bajo determinadas circunstancias. La decisión, adoptada este 8 de julio con cuatro votos a favor y dos en contra en la comisión municipal, revierte una resolución previa que había rechazado participar en el programa federal 287(g).
El programa 287(g), impulsado durante la administración del presidente Donald Trump, faculta a las autoridades locales para ejercer funciones propias de agentes migratorios. Hasta ahora, Key West se había mantenido al margen de este convenio, argumentando preocupación por el impacto social y económico que podría acarrear en una ciudad con un alto porcentaje de población inmigrante y dependiente del turismo.
Sin embargo, crecientes presiones políticas y legales llevaron a la comisión a reconsiderar su postura. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, escribió en su cuenta de X: “La ciudad de Key West recibirá noticias de mi oficina muy pronto”, lo que finalmente influyó en la votación.
Con la nueva decisión de la ciudad el fiscal volvió a dar su criterio en la misma red social mostrando satisfacción: «Estupendo que Key West hiciera caso a la advertencia y diera marcha atrás, restableciendo su participación en el programa 287(g)”.
Con esta aprobación, Key West se suma a otros 67 condados y jurisdicciones de Florida que ya participan en el programa 287(g). La medida ha generado opiniones divididas entre líderes locales y defensores de derechos civiles, quienes temen que la participación de la policía en tareas migratorias pueda fomentar la desconfianza de las comunidades inmigrantes hacia las autoridades.
Un caso similar se vivió recientemente en Miami, donde la Comisión aprobó un acuerdo con ICE pese a críticas de que podría crear un “clima de miedo”. En esa ciudad, el jefe de policía Manuel Morales aseguró que la colaboración se limitaría a tareas específicas y no implicaría una persecución indiscriminada de migrantes. La decisión en la Ciudad del Sol contó con el respaldo de los comisionados Ralph Rosado, Joe Carollo, Miguel Ángel Gabela, mientras que Damián Pardo y Christine King se opusieron.
Pardo respaldó su descontento por las consecuencias que traerá consigo para la comunidad, entre ellas el miedo y la represión contra los inmigrantes en particular contra quienes no han logrado regularizar su estatus legal.
La decisión en Key West refuerza la tendencia en Florida hacia una mayor colaboración entre fuerzas locales y federales en materia migratoria, reflejando un endurecimiento en las políticas estatales respecto al control de inmigración.
El programa 287(g) es un acuerdo entre agencias locales o estatales de policía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Permite que oficiales locales, tras recibir entrenamiento especial, ejerzan funciones migratorias como interrogar detenidos sobre su estatus migratorio, identificar a inmigrantes indocumentados y coordinar su transferencia a ICE.
Actualmente, la modalidad más usada es dentro de cárceles, donde se revisa el estatus migratorio de personas ya arrestadas por otros delitos. El programa ha sido criticado por fomentar desconfianza en las comunidades inmigrantes y por temores de perfilamiento racial, aunque defensores argumentan que ayuda a retirar del país a personas con antecedentes criminales y a reforzar la seguridad pública.
La postura adoptada por Key West genera profunda preocupación en la comunidad migrante integrada en gran parte por trabajadores esenciales en la industria turística y de servicios. Se teme que el acuerdo provoque un aumento de la desconfianza hacia la policía local, incluso entre migrantes con estatus legal, por miedo a ser cuestionados o reportados a ICE. Esta desconfianza podría traducirse en menos denuncias de delitos, menor colaboración con las autoridades y un clima general de temor.
Organizaciones defensoras de derechos civiles advierten también sobre el riesgo de perfilamiento racial, es decir, que personas sean detenidas o interrogadas únicamente por su apariencia o acento, lo cual fomentaría la discriminación y tensiones sociales. Además, se prevén posibles consecuencias económicas, ya que la economía local depende en gran parte de la mano de obra migrante. Si trabajadores migrantes deciden abandonar la ciudad o se sienten inseguros para permanecer, podrían producirse carencias de personal en sectores clave, afectando el turismo y los negocios locales.
Finalmente, existe el riesgo de un incremento en las detenciones y deportaciones, lo que supondría la separación de familias y un profundo impacto humanitario. En conjunto, la decisión de Key West refleja la tendencia en Florida hacia políticas migratorias más restrictivas, pero plantea serios desafíos sociales, económicos y humanitarios para la ciudad.
