Recientemente la administración de Donald Trump dio facultad a los jueces de inmigración a rechazar solicitudes de asilo, sin que el inmigrante se encuentre en la debida audiencia. La noticia se dio a conocer en un comunicado que divulgó la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), aunque señala que la negativa competerá siempre que el caso no tenga hechos controvertidos.
La finalidad de esta normativa, que comienza a aplicarse de forma inmediata, es acelerar el trámite migratorio, ya que en este momento hay cerca de cuatro millones de asuntos por resolver en los tribunales de inmigración.
El documento, firmado el 11 de abril por la directora en funciones de EOIR, Sirce E. Owen, indica que los jueces tienen la autoridad para desestimar solicitudes de asilo por razones legales sin llevar a cabo audiencias para los solicitantes, en casos donde las peticiones no satisfacen los criterios básicos o no existe ningún aspecto controvertido que necesite revisión judicial.
De acuerdo con la reciente normativa, los magistrados tienen la facultad de emitir decisiones rápidas en situaciones donde no haya base legal. Esto incluye solicitudes que se presenten más allá del año sin una razón válida o aquellas que no estén relacionadas con motivos amparados por la ley de asilo.
El documento subraya que es responsabilidad del solicitante comprobar su idoneidad para el asilo, y mencionan casos legales que facultan el rechazo anticipado de solicitudes infundadas. Algunos de los motivos que podrían justificar la negativa sin necesidad de audiencia incluyen: peticiones tardías, insuficiente relación con un motivo de persecución amparado, y antecedentes criminales que descalifican al solicitante.
La reciente normativa ha suscitado debate, sobre todo entre grupos de defensa de los derechos humanos, que están preocupados por el riesgo de que individuos que solicitan asilo de manera legítima sean denegados a causa de errores técnicos o la ausencia de una defensa legal apropiada. Estas entidades han advertido que esta política podría impactar negativamente a los solicitantes con recursos limitados para gestionar sus casos de forma correcta.
No obstante, la administración estadounidense justifica esta estrategia como un mecanismo esencial para manejar la gran cantidad de peticiones y dirigir los recursos hacia aquellos casos con fundamentos legales robustos. El gobierno argumenta que no es lógico realizar audiencias si los hechos del caso no alterarán la decisión jurídica, lo que, según su perspectiva, permitiría una resolución más ágil de los asuntos.
En realidad, el cambio se produce en un marco de mayor rigidez en las normas de inmigración en Estados Unidos. La gestión de Donald Trump ha anulado visas humanitarias y ha suprimido iniciativas migratorias que habían sido implementadas durante la administración de Joe Biden. Los republicanos se han comprometido a llevar a cabo la deportación más masiva de inmigrantes en la historia nacional.
Desde la residencia presidencial se fomenta la opción de auto deportaciones y se establecen sanciones para aquellos que ignoren las órdenes de expulsión.
