Nuevas tarifas de inmigración entran en vigor

La reforma conocida como “One Big Beautiful Bill”, firmada el 4 de julio, introduce una oleada de tarifas migratorias y sanciones que, según críticos, podrían dificultar aún más el acceso legal a EE. UU.

Principales aumentos de tarifas

• Solicitud de asilo: por primera vez, se impone un cargo de $100 USD, más $550 USD por renovar el permiso de trabajo cada seis meses.
• Costos acumulativos: se proyecta que un solicitante de asilo podría pagar al menos $1,150 USD durante un proceso de cinco años.
• TPS y parole humanitario: las tarifas se disparan de $50 a $500 USD para TPS y de $630 a $1,000 USD para el parole.
• Visa Integrity Fee: nuevo cargo de $250 USD por visas temporales (turista, estudiante, laboral).

Nuevas penalizaciones para inmigración irregular

• Se establece una multa obligatoria de $5,000 USD para quienes cruzan sin autorización o no asisten a audiencias judiciales; su falta de pago podría conllevar cargos criminales.

Impuesto sobre remesas

• Se introduce un impuesto del 1% sobre transferencias de dinero enviadas al extranjero, recortando la propuesta inicial del 5%. Estimaciones apuntan a que afectará principalmente a comunidades como la india, con más de 4.5 millones de personas impactadas.

Recaudación estimada y recortes a programas de bienestar

• Según el Wall Street Journal, los nuevos cargos y recortes podrían aportar $64 mil millones en ingresos hasta 2034.
• Además, cerca de 2.6 millones de niños estadounidenses perderían el derecho al crédito tributario infantil por tener padres sin estatus legal.
• También se eliminarán beneficios como Medicaid, ACA y SNAP para refugiados, asilados y ciertos inmigrantes documentados, generando recortes por más de $60 mil millones.

Visión general y reacciones

• El paquete de más de $150 mil millones prioriza el refuerzo de ICE: construcción de muro fronterizo, centros de detención, contratación de más agentes y un plan para deportaciones masivas.
• Organizaciones como el American Immigration Council denuncian que las nuevas tarifas representan barreras económicas que prácticamente excluyen a quienes calificarían legalmente para protección humanitaria