La Casa Blanca se encuentra en una intensa controversia mediática después que este miércoles publicara en su cuenta de X un mensaje que promueve a la ciudadanía a reportar a las autoridades a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Si bien unos aplaudieron la publicación otros la consideran una cacería.
“MIRA: Aviso a ICE provoca ÉPICA detención de 5 inmigrantes indocumentados frente a una tienda de mejoras para el hogar”, dice el texto de la Casa Blanca que además adjunta un video de medio minuto en el que exhibe la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el que se evidencia la brutalidad en el arresto. “Un aviso a ICE. Seis individuos sin papeles arrestados. ¿Posees datos? Contacta a ICE al instante: 866-DHS-2-ICE (866-347-2423)”, concluye el comunicado.
La difusión del video generó una serie de reacciones en plataformas sociales que reflejan la marcada polarización ideológica acerca de la política de inmigración implementada por la administración de Donald Trump. Numerosos usuarios manifestaron su sorpresa y preocupación ante el comunicado que se hizo desde la cuenta oficial de la Casa Blanca. “No puedo creer que la Casa Blanca esté publicando esto», dijo un usuario indignado.
Otro internauta se refirió a las diferencias en la política migratoria con respecto a otras naciones. “¿Y qué pasa con los canadienses que no se han ido de Florida y han cometido fraude con préstamos PPP y seguros?”, dijo otro usuario. “Literalmente parecemos los monstruos que ustedes describen a estas personas como”, lamentó uno más.
Desde un enfoque más ético otros señalaron: «Vergüenza de ustedes», “Esto no es seguridad, es propaganda estatal con fines políticos”. “Estamos normalizando la persecución étnica”, lo que refleja la molestia de los que defienden los derechos de los inmigrantes.
Por otro lado, una porción considerable de la audiencia mostró gran entusiasmo y apoyo absoluto hacia las actividades del ICE y destacaron el regreso de la autoridad. “Esto es lo que esperábamos. Un gobierno que finalmente hace su trabajo”. “Fuera ilegales”; “Así se hace. Que se callen y se larguen”.
La división es visible mientras unos abogan por que estas detenciones sigan produciéndose para lograr detener la inmigración ilegal y restablecer la soberanía nacional, otros consideran que transgreden las normas de derechos humanos y creen que es un aumento en la criminalización de la migración.
Desde el inicio de enero, la administración de Trump ha adoptado un enfoque más contundente y agresivo hacia la inmigración ilegal. En una rueda de prensa que tuvo lugar poco después de que Trump asumiera el cargo, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, afirmó: “Si un individuo ingresa ilegalmente a Estados Unidos, por definición es un criminal. Por lo tanto, está sujeto a deportación”.
El vocero aclaró que el gobierno no establecería diferencias entre aquellos que meramente cruzaron sin autorización al país y los que cometieron crímenes serios. “Sé que la administración anterior no lo vio de esa manera. Pero eso es exactamente lo que son: criminales”, dijo en aquel entonces.
Durante los últimos cuatro meses, este enfoque ha tenido repercusiones evidentes en acciones masivas y ha creado un ambiente de temor en la comunidad de migrantes. Miles de individuos sin registros criminales han sido arrestados o expulsados, generando conflictos con ciertos gobiernos.
Desde el mes de febrero, la administración de Trump ha lanzado una iniciativa para persuadir a los inmigrantes a que se marchen por su propia voluntad. En ese sentido la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem dijo: “El presidente Trump utilizará todas las herramientas legales disponibles para obligar a los extranjeros sin estatus legal a abandonar el país voluntariamente”.
Entre las acciones propuestas está la sanción por incumplimiento que incluyen las multas diarias de 997 dólares hasta el encarcelamiento. La administración afirma que estas medidas están respaldadas por el marco legal de Estados Unidos lo que durante años se pasaron por alto.
En marzo, las autoridades de Estados Unidos lanzaron oficialmente CBP Home, una app móvil diseñada para que los inmigrantes informen su decisión de abandonar el país de manera voluntaria. Esta aplicación ofrece las siguientes funciones: Notificar una “intención de salida”; Gestionar reservas para vuelos de regreso; Obtener el formulario I-94 y ciertos servicios. Esta acción se basa en la Orden Ejecutiva 14159 implementada por Trump, que pone énfasis en la estricta aplicación de las normativas de inmigración.
A mediados de este mes el gobierno de Trump promovió lo que denominan «autodeportación incentivada» que brinda un estímulo de mil dólares y un pasaje aéreo libre de costo para aquellas personas que de forma voluntaria deseen regresar a sus países de origen. “Les vamos a dar algo de dinero y un boleto de avión. Y si son buenos, vamos a trabajar para que puedan volver legalmente”, dijo el presidente en ese entonces.
Cifras oficiales indican que en abril, por lo menos 2,500 individuos se inscribieron en el programa. La administración confía en que esta medida ayudará a disminuir gastos y a optimizar la imagen pública del sistema de inmigración. Aquellos que elijan no acogerse a la opción de salida voluntaria se arriesgan a enfrentarse a sanciones económicas, arresto y expulsión involuntaria. El DHS ha dejado claro que estos inmigrantes podrían además perder sus pertenencias.
Sin embargo, entidades como Human Rights Watch cuestionan esta iniciativa, argumentando que no trata los factores subyacentes que generan la migración y que el estándar de buenas personas para autorizar reingresos carece de claridad.
Simultáneamente, el DHS ha empezado a arrestar a migrantes al finalizar sus juicios. Este protocolo implica cerrar sus casos judiciales, permitiendo que ICE lleve a cabo la deportación rápida, un trámite que no exige una nueva audiencia. En Miami, un grupo de cubanos fue detenido después de presentarse ante magistrados de inmigración. Cambios en las normativas y desafíos legales han surgido.
Estas medidas marcan un cambio en la estrategia de “catch and release” que se aplicó durante la administración de Biden. Autoridades del DHS afirman que están volviendo a implementar regulaciones que fueron pasadas por alto previamente.
No obstante, están lidiando con conflictos legales, tal como sucede con el caso de ocho migrantes que fueron enviados de vuelta a Sudán del Sur sin haber realizado entrevistas para evaluar su temor. Un juez federal dictaminó que esto constituyó una infracción al debido proceso. La reciente etapa de las políticas migratorias durante la era Trump ha generado divisiones profundas en la sociedad de EE.UU. Para algunos, es una cuestión de hacer cumplir la ley de manera rigurosa. Para otros, es una manifestación de xenofobia sistémica.
