Una demanda colectiva ha sido presentada contra el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (DHSMV) y contra las oficinas de recaudación de impuestos de los condados de Miami-Dade y Broward, acusándolos de permitir durante años una red de reventa ilegal de citas para trámites de licencias de conducir. La acción legal, liderada por el abogado Mike Pizzi, busca justicia para miles de ciudadanos que habrían sido afectados por esta práctica fraudulenta y extendida.
Según la demanda, esta actividad ilícita se llevó a cabo “a plena vista del personal del DMV”, sin que las autoridades actuaran para impedirlo. Las citas gratuitas eran bloqueadas y revendidas a través de redes organizadas, con precios que oscilaban entre los 25 y los 250 dólares. La reventa provocó caos en las oficinas, largas filas, desinformación y, en muchos casos, recomendaciones de empleados para acudir a la medianoche, sin ofrecer alternativas seguras ni razonables.
Pizzi sostiene que los afectados podrían remontarse hasta una década atrás y exige una compensación mínima de 10 millones de dólares por los daños sufridos. Para respaldar la demanda, se cuenta con testimonios de ciudadanos perjudicados y evidencia en video que documenta el funcionamiento de estas redes.
Jennifer Sassone quien es madre de una de las personas afectadas explicó que al solicitar la licencia de su hija un empleado de la DMV le indicó que se retirara de la oficina y que regresara en horas de la noche sin ofrecerle seguridad ninguna.
Ante la creciente presión pública, las autoridades han comenzado a tomar medidas. En marzo se confirmó la existencia del esquema ilegal, lo que motivó al condado de Miami-Dade a aprobar una legislación para combatirlo. Posteriormente, en mayo, el estado de Florida aprobó por unanimidad la ley HB 0961, que prohíbe expresamente la reventa de citas y establece sanciones más severas. A nivel local, el condado de Broward también adoptó la ordenanza 2015-20, que prohíbe tanto la reventa como la publicidad de citas.
La legislación vigente ahora contempla multas de hasta 1.000 dólares y penas de hasta un año de cárcel para quienes incurran en esta práctica. Sin embargo, la tensión continúa en muchas oficinas del DMV, donde aún se reportan conflictos y desorganización, en uno de ellos que circula en redes sociales varios cubanos se enfrentaron de forma verbal a raíz de conflictos por los turnos.
Este escándalo ha sacado a la luz otras irregularidades. En el condado de Bay, al norte de Florida, se descubrió recientemente una red de corrupción en la que empleadas del DMV entregaban licencias sin cumplir los requisitos, mediante sobornos y manipulación de exámenes teóricos y prácticos. Este caso culminó con varias detenciones y ha encendido aún más las alarmas sobre la necesidad de mayor control y transparencia en las oficinas encargadas de emitir licencias.
La demanda colectiva podría abrir la puerta a un proceso de revisión y depuración del sistema, en busca de justicia para quienes, durante años, fueron víctimas de un sistema manipulado por redes ilícitas que lucraban con un servicio público esencial.
