Proponen 10 años de cárcel a cubano por manifestarse contra el régimen castrista en las redes sociales

Las autoridades cubanas solicitaron una condena de 10 años de prisión para un activista cristiano que en las redes sociales ha expresado su descontento con la situación actual que enfrenta el país. Esta petición fiscal, presentada por la Fiscalía de Granma, contra Alexander Verdecia ha sido denunciada públicamente por defensores de derechos humanos y familiares, quienes aseguran que se trata de un acto injusto y represivo motivado únicamente por la crítica pacífica hacia el régimen.

Alexander Verdecia, padre de dos hijos y esposo, residente en el oriente de Cuba, se ha convertido en el rostro de la lucha por la libertad de expresión en la isla. Su único «delito» ha sido manifestar públicamente en redes sociales su hartazgo ante los constantes apagones, la escasez de alimentos y la opresión política que sufren los cubanos.

La petición fiscal que enfrenta, firmada por la joven fiscal Bárbara Infante Basán, acusa a Verdecia de «instigación a delinquir» y «propaganda contra el orden constitucional», cargos que se sustentan exclusivamente en sus publicaciones críticas en Facebook. La Fiscalía solicita una condena de 10 años de prisión, una medida que ha sido calificada como desproporcionada y arbitraria por defensores de derechos humanos.

La esposa de Alexander, Elianis Villavicencio, relató cómo recibieron la noticia de la petición fiscal el pasado 6 de este mes, el mismo día en que fue notificado oficialmente. En sus palabras, la familia considera injusto el proceso, dado que no existen pruebas reales contra él. Por esta razón, decidieron que Alexander se defenderá por sí mismo en el juicio, evitando contratar abogados que, según su experiencia, están alineados con el sistema y no ofrecen una verdadera defensa.

Además, Elianis resaltó la incertidumbre respecto a la fecha del juicio, la cual podría ser comunicada con muy poca anticipación, dificultando la preparación adecuada para enfrentar el proceso judicial.

Expertos y activistas han denunciado que la fiscal Bárbara Infante Basán está incurriendo en violaciones graves a los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la libertad de opinión y expresión, derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la cual Cuba es signataria.

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, de conciencia y de religión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión», detalla la declaración internacional. La acusación basada únicamente en la expresión pacífica de ideas y críticas legítimas al régimen cubano representa una clara transgresión a estos principios fundamentales.

Además de la fiscal, otros funcionarios del Ministerio del Interior han sido identificados como responsables de construir este caso contra Alexander Verdecia. Entre ellos se encuentran: Ezequiel Martínez Milanés, agente del Ministerio del Interior en la delegación provincial de Granma, Daily Tamayo Ojeda y Alexis Yasel del Castillo Peña, capitán del MININT que forma parte del proceso y el responsable de presentar las capturas de pantalla sobre las publicaciones de Verdecia, respectivamente.

Estos funcionarios son señalados como parte de un mecanismo represivo que utiliza ilegalmente la justicia para silenciar las voces críticas y mantener el control político. Defensores de derechos humanos instaron a Basán a reconsiderar su postura y a no manchar su nombre con la condena de un hombre inocente que solo ha ejercido su derecho a la libertad de expresión.

Se le recuerda que, a pesar de las presiones, tiene en sus manos la oportunidad de marcar una diferencia y actuar en favor de la justicia, solicitando la absolución de Alexander Verdecia. De no hacerlo, su nombre quedará vinculado para siempre con una grave violación a los derechos humanos. Por otra parte, se advierte que tanto ella como los demás funcionarios involucrados están siendo observados por organizaciones internacionales de derechos humanos y gobiernos, lo que podría acarrear consecuencias a nivel global, incluyendo la imposibilidad de emigrar o recibir protección en otros países.

El caso también pone en evidencia la profunda desigualdad y el doble estándar que imperan en Cuba. Mientras los líderes y sus familias disfrutan de privilegios, viajes y comodidades, ciudadanos comunes como Alexander Verdecia sufren las penurias cotidianas de apagones prolongados, escasez y represión. Este activista representa a muchos cubanos que anhelan un cambio y el fin de un régimen que consideran terrorista y opresor. Su lucha por la libertad de expresión es un reflejo del deseo colectivo de justicia y democracia en la isla.