Protestas frente al Ayuntamiento de Miami para evitar la ciudad colabore con el controvertido programa 287(g) de ICE

Este martes, la Comisión de Miami celebrará una reunión en la que los líderes municipales podrían votar una propuesta para establecer una colaboración formal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), recogió NBC6.

La iniciativa contempla adherirse al programa federal 287(g), que autoriza a agentes de policía locales a desempeñar funciones limitadas en materia migratoria. Esto incluiría la facultad de interrogar, arrestar y retener a personas sospechosas de haber infringido leyes de inmigración.

La posibilidad de este convenio ha desatado una ola de rechazo en la comunidad. Cientos de manifestantes se congregaron frente al Ayuntamiento de Miami para expresar su oposición.

“Nos gusta decir que esta ciudad es un crisol de culturas, pero la cultura no es solo para mostrarla, también exige respeto”, expresó una de las oradoras.

“No se puede rendir homenaje a nuestras banderas, nuestra música, nuestra gastronomía o nuestras festividades, y al mismo tiempo respaldar la detención de quienes las han hecho posibles. Eso no es celebrar la herencia, eso es hipocresía”, agregó.

Actualmente, los 67 condados de Florida —incluyendo Broward y Miami-Dade— ya han suscrito acuerdos similares con ICE, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

En el mismo orden, informes recientes muestran impacto perjudicial en comunidades que se adhieren al programa federal. Un estudio publicado por el Instituto de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) advierte que los acuerdos 287(g) pueden profundizar la discriminación policial y provocar aislamiento social y separación familiar: “cuando los funcionarios locales colaboran con ICE, la policía detiene y acosa a residentes latinos a ritmos más altos… los inmigrantes evitan los negocios que requieren identificarse y rehúyen eventos públicos donde haya policía”.

Otro informe de ProPublica subraya que la adopción del programa 287(g) es particularmente intensa en el sureste de EE. UU., especialmente en Florida, donde existen alrededor de 277 acuerdos activos a fecha del 6 de junio, lo que convierte al estado en epicentro del modelo de cooperación entre autoridades locales y ICE.

Según la académica Doris Marie Provine, “desde la perspectiva de los agentes locales, es un mandato no financiado […] ha habido un renovado interés en la policía comunitaria que choca directamente con convertir a la policía local en agentes de inmigración”.

La instalación de una red de 287(g) en Florida se enmarca en una estrategia estatal que ha recibido fuerte impulso de parte del gobernador Ron DeSantis. En febrero, el gobernador anunció que agencias como FDLE, la Comisión de Conservación de la Pesca y Vida Silvestre, y la Guardia Estatal serían adiestradas por ICE para ejercer funciones migratorias, estableciendo así una tendencia de colaboración activa con el gobierno federal. Paralelamente, en mayo, ICE encabezó la operación estatal más amplia en la historia de Florida, con 1.120 arrestos de personas indocumentadas, del cual el 63 % contaba con antecedentes criminales.

Por su parte, los defensores de los inmigrantes y organizaciones como ACLU Florida y Florida Immigrant Coalition han instado a rechazar el acuerdo, alertando sobre posibles detenciones arbitrarias y alteraciones en la confianza entre la ciudadanía y la policía. Por su parte, los promotores argumentan que la medida es un componente necesario de las leyes estatales y federales y que las acciones estarán reguladas por supervisión de ICE, sin distinguir a personas por etnia.