Proyecto de ley podrían afectar a los que migrantes con asilo y parole humanitario que reciben Food Stamps

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) pudiera en el futuro dar un vuelco importante si se implementa un proyecto de ley que impulsan los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como parte de una misma línea en cuento a las promesas electorales del actual mandatario Donald Trump.

El nuevo enfoque no solo refuerza las condiciones laborales que deben cumplir los beneficiarios, sino que también restringe la participación en el programa para algunos inmigrantes que tienen presencia legal, incluyendo a quienes se encuentran en proceso de asilo y aquellos bajo el estatus de parole humanitario.

La legislación, referida en círculos republicanos como la «gran y hermosa ley», se extiende a más de 1,000 páginas y comprende especificaciones para ayudar a cubrir en parte el gasto que implicarán las reducciones fiscales y las estrictas políticas migratorias del presidente. Entre sus principales objetivos se encuentran ajustar los criterios de elegibilidad para ayudas sociales como el SNAP que actualmente beneficia a alrededor de 40 millones de personas proporcionando 187 dólares por persona al mes para que adquieran alimentos según el Center on Budget and Policy Priorities.

A pesar de que el proyecto de ley está todavía en evaluación por el comité de reglas de la Cámara de Representantes, las indicaciones son evidentes: se anticipan cambios significativos que podrían excluir a cientos de miles de individuos del sistema. Uno de los factores más significativos es el incremento en las exigencias laborales. Actualmente, los adultos de hasta 54 años que no tienen dependientes deben probar que están empleados para cualificar.

El proyecto establece que las personas deberán demostrar que poseen un trabajo durante un período mucho más extenso, hasta los 64 años de edad. Del mismo modo, se vuelven más estrictas las circunstancias para los padres con niños pequeños. Actualmente, ciertos beneficiarios no necesitan presentar prueba de empleo hasta que su hijo alcance los 18 años. La nueva propuesta legislativa disminuiría esa edad a solamente 7 años, lo que podría dejar fuera a un grupo significativo de familias que dependen de SNAP para asegurar su alimentación.

Otro de los puntos claves es restringir el acceso al programa SNAP para ciertos inmigrantes que permanecen en el país de forma legal. A pesar de que el programa ha estado limitado para algunos inmigrantes indocumentados ahora existen oportunidades para quienes cumplen algunos requisitos. Según el Departamento de Agricultura, estos incluyen haber residido en EE.UU. durante al menos cinco años, recibir asistencia por discapacidad y ser menor de 18 años.

No obstante, de aprobarse la nueva ley solamente podrán acceder los inmigrantes que son residentes permanentes o ciudadanos cubanos en consonancia con las demandas de los legisladores de Florida, de acuerdo con la institución estatal. Esto dejaría fuera de forma clara a aquellas personas que han sido aceptadas bajo las modalidades de asilo o parole humanitario, las cuales perderían su acceso a la ayuda alimentaria federal.

El mismo principio se extendería a otros tipos de ayuda como el Crédito Fiscal por Prima que hoy en día contribuye a financiar el costo del seguro médico adquirido en el mercado de seguros de salud. La iniciativa incluye, además el financiamiento de SNAP que en la actualidad se financia en su totalidad por el gobierno federal. En caso de que se apruebe la medida los estados deberán asumir el 5% de los costos a partir del año fiscal 2028 y el 75% de sus gastos administrativos.

Asimismo, las entidades que muestren fallos al proporcionar apoyo a los beneficiarios de este programa asumirían cargas económicas adicionales. Por ejemplo, el proyecto establece que, si un estado alcanza una tasa de errores del 10% o superior, deberá asumir el 25% de los gastos del programa. Los recortes al programa SNAP, afirman sus opositores, serían los más drásticos que se han visto en la historia nacional.

Organizaciones como Banco de Alimentos Comunitario del Gran Pittsburgh consideran que la «propuesta que se está considerando en el Congreso podría conducir al mayor recorte de asistencia alimentaria en la historia de Estados Unidos”. este organismo pidió a los legisladores vetar estos recortes a SNAP y Medicaid alegando que los resultados serían devastadores.

En una situación donde aproximadamente 50 millones de estadounidenses lidian con la falta de acceso a alimentos, una cifra que no se había visto en más de diez años, se indica que este es el momento más inadecuado para reducir el SNAP. “Los precios de los alimentos y los costos de la atención médica están aumentando por lo que es imperativo fortalecer, y no reducir, los sistemas de apoyo”, argumentan los defensores del programa.

El congresista republicano Mike Johnson, quien ocupa el cargo de líder en la Cámara de Representantes, confía en presentar el proyecto para su votación definitiva antes del fin de semana del Día de los Caídos, lo que sugiere que el tiempo para que quienes están en desacuerdo actúen se agota rápidamente.

La autorización de esta iniciativa significaría un grave retroceso en la disponibilidad de alimentos para ciertos grupos de la población que son más vulnerables en el país. Los inmigrantes que poseen un estatus legal, incluyendo a quienes solicitan asilo o son beneficiarios de un programa de parole humanitario, se verían marginados de un programa vital para su bienestar, lo que generaría una mayor presión económica sobre los estados.

Todo sugiere que, a menos que se produzca un cambio significativo en el desarrollo de la discusión legislativa, los vales de comida podrían convertirse en un beneficio aún más difícil de obtener para aquellos que realmente lo requieren.