
Una gran cadena de corrupción se ha destapado en el municipio Martí de la provincia de Matanzas en Cuba relacionado con la emisión de pasaportes de acuerdo con un video que publicó en su canal de YouTube Juan Juan Almeida el cual ha despertado la preocupación de no pocos ciudadanos y la inacción de una respuesta por parte del régimen de La Habana.
El hecho salió a la luz después de que un padre formulara una denuncia en la capital cubana lo cual provocó que se emprendiera una profunda investigación y se encontraran un conjunto de irregularidades en varios elementos de los documentos como nombres y apellidos y otros que se falsificaban con la finalidad de evadir los controles legales y migratorios que existen en el país, exponiendo las fragilidades del sistema de inmigración cubano y una posible afectación a la seguridad nacional.
La mala administración de los carnets de identidad y los pasaportes en Martí afecta a diferentes grupos sociales. Entre los que se benefician, se encuentran presos que, al tener acceso a estos documentos, lograron eludir el cerco de las autoridades. Igualmente, cubanos que viven fuera del país han utilizado pasaportes falsificados para regresar a Cuba sin ser sometidos a inspecciones.
El personal sanitario, atletas, miembros de las fuerzas armadas, magistrados y fiscales —categorías que comúnmente enfrentan limitaciones específicas— están involucrados, de manera directa o indirecta, en la obtención o utilización de estos papeles. Asimismo, individuos con antecedentes penales, tanto de origen nacional como extranjero, han conseguido estos pasaportes con el fin de eludir la justicia a nivel internacional.
Según explica Almeida un padre denunció como la madre de su hijo menor de edad logró sacar del país al menor empleando un pasaporte falsificado que se obtuvo en el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero. Al iniciarse la investigación penal las autoridades extendieron las investigaciones hasta La Habana y otras provincias del país, involucrando a numerosos funcionarios y usuarios de varios lugares.
Como resultado de estas violaciones el régimen determinó confeccionar una lista negra con los números de pasaportes alterados a fin de que estas personas sean detenidas en los diferentes puntos de control migratorio del país, dígase aeropuertos, fronteras nacionales e incluso en naciones amigas.
Cualquier esfuerzo por ingresar o salir con tales documentos resultará en arresto inmediato y acusaciones de corrupción y falsificación de documentos. El 24 de mayo, se dio un incidente en el aeropuerto Juan Alberto Gómez, donde se detuvo a una mujer que intentaba regresar a Estados Unidos con un pasaporte que figuraba en esa lista, lo que le impidió su viaje.