Este martes funcionarios del condado de Miami-Dade dieron luz verde a una normativa que busca prohibir que los revendedores conseguir posiciones en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para beneficio propio. Kevin Marino quien forma parte de la comisión alertó que la ordenanza estipula que los revendedores podrían pagar una multa de hasta 500 dólares por vender ilegalmente las citas.
Dariel Fernández quien es responsable del DMV y además es el funcionario de impuestos del condado Miami-Dade el mes anterior informó que se encontró una red de personas que se dedicaban a vender estas citas empleando cuentas fraudulentas y robots para acaparar los turnos.
Los especuladores ofrecían las citas sin costo a un precio que variaba entre 25 y 250 dólares. Lo anterior provocó extensos períodos de espera y colas prolongadas en las sedes del DMV en los años recientes.
«Esta legislación trata de proteger a las familias trabajadoras y restaurar la confianza en nuestras instituciones públicas. Nadie debería tener que pagar a un tercero solo para acceder a los servicios básicos del gobierno. Estoy orgulloso de haberme asociado con el recaudador de impuestos Dariel Fernández para poner fin a esta práctica abusiva», afirmó Cabrera en un comunicado.
«Ya no toleraremos el fraude en nuestra comunidad. Estas prácticas depredadoras son injustas, poco éticas y dañan desproporcionadamente a nuestros residentes más vulnerables. Gracias al liderazgo del comisionado Cabrera y el apoyo unánime de la Junta de Comisionados del Condado, ahora tenemos las herramientas legales para perseguir a los malos actores que se han aprovechado de nuestros residentes durante demasiado tiempo», dijo Fernández en apoyo a Cabrera.
Con la aprobación de esta normativa ningún individuo, plataformas u organizaciones pueden comercializar o impulsar la venta de asignaciones del servicio público a menos que cuenten con la autorización escrita de la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade.
«Ya no toleraremos el fraude en nuestra comunidad. Estas prácticas depredadoras son injustas, poco éticas y dañan desproporcionadamente a nuestros residentes más vulnerables. Gracias al liderazgo del comisionado Cabrera y el apoyo unánime de la Junta de Comisionados del Condado, ahora tenemos las herramientas legales para perseguir a los malos actores que se han aprovechado de nuestros residentes durante demasiado tiempo».
