
El 4 de abril de 2025, un tribunal federal en Miami encontró culpables a dos cubanos por el delito de tráfico de personas. Este caso ha atraído la mirada de las autoridades de EE. UU. y gira en torno a un intento de llevar a 18 ciudadanos ecuatorianos a territorio estadounidense en octubre de 2024.
El 24 de octubre de 2024, Yordany Capote-Leon, de 31 años, y Yuniel Cabrera Piloto, de 44, zarparon desde EE. UU. en una lancha de tipo cuddy cabin con destino a las Bahamas. En medio de su travesía, recogieron a 18 individuos sin el permiso necesario para entrar al país, a quienes llevaron hacia el territorio estadounidense.
La Guardia Costera de Estados Unidos notó una sospechosa conducta de los acusados y procedió a iniciar una persecución. Una vez que regresaron a aguas jurisdiccionales de EE.UU cerca de Cayo Largo una patrulla naval de CBP trató de interceptar a los cubanos. No obstante, estos hicieron caso omiso a las llamadas de advertencia de las autoridades lo que motivó a estas últimas a realizar varios disparos al aire logrando que los malhechores detuvieran la embarcación.
Como parte del proceso de arresto las autoridades llevaron a 18 personas al USCG Cutter Manowar para ser procesadas de acuerdo a las leyes estadounidenses y determinaron que las mismas eran de nacionalidad ecuatoriana sin documentos de entrada a EE.UU, incluso tres de ellos los deportaron anteriormente del país.
El juez federal K. Michael Moore el 4 de marzo pasado falló en contra de los acusados y condenó a Capote-León a 37 meses de cárcel y tres años de libertad condicional. En tanto, Piloto se declaró culpable el 6 de marzo y la jueza Ellen F. D’Angelo aprobó su decisión.
El 4 de abril, el juez Moore aceptó la sugerencia, y Piloto se enfrentará a su sentencia el 8 de mayo, donde podría recibir hasta 10 años tras las rejas, tres años de supervisión y una multa que podría alcanzar los 250,000 dólares.
El asunto fue analizado por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) en Miami, en conjunto con la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) y la CBP. La acusación del caso está a cargo de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, liderada por el fiscal especial adjunto Tanner Stiehl.
Este dictamen pone de manifiesto la dedicación de las autoridades de EE.UU. hacia la protección de las fronteras y la lucha contra la trata de personas, un crimen inquietante que impacta tanto la seguridad del país como los derechos fundamentales de las personas.
A principios de marzo, un ciudadano cubano recibió una condena por el delito de tráfico de inmigrantes; sin embargo, en este caso, su conducta delictiva se llevó a cabo en la frontera sur de Estados Unidos con México.
El individuo en cuestión fue Omar Ozuna-Berneda, un cubano de 49 años que fue condenado a 41 meses de cárcel tras ser hallado culpable de conspiración para facilitar el transporte ilegal de inmigrantes. El fallo se dio el 15 de julio y estuvo motivado por un incidente en el que el autor (Omar) después que la Patrulla Fronteriza en Nuevo México lo descubriera trató de evitar su arresto realizando peligrosas maniobras a gran velocidad por la estatal 26.
Después de una intensa persecución de 22 millas, dejó el vehículo en el que llevaba a 31 migrantes sin autorización, uno de los cuales era un niño de 8 años, y escapó a pie. Lo detuvieron algunas horas más tarde mientras estaba escondido entre la hierba.